La ruptura del pacto en el Cabildo de La Palma no solo altera la vida diaria del gobierno insular, sino también la renta de aquellos que han salido perjudicados. Los que peor lo llevan son los políticos que viven de la política y que se enfrentan, como todo hijo de vecino, a una modificación en sus condiciones salariales tras perder su puesto de trabajo.

Pertenecer al gobierno tiene sus ventajas. La primera, y más evidente, además de la sensación de poder, es que los partidos con áreas de gestión tienen puestos si así lo desean para repartir entre todos sus consejeros. Y, además, trabajo para media docena de asesores. Sin embargo, el Cabildo de La Palma no destaca, al contrario, por disponer de muchos cargos intermedios. Es errónea esa sensación que existe de que se trata de una "agencia de colocación". En comparación con otras instituciones de rango similar, los nombramientos a dedo están bastante controlados.

Tras las destituciones decididas por Coalición Canaria y firmadas por la presidenta, Guadalupe González, cinco consejeros del PSC pierden sus áreas de gestión. El sexto representante socialista, José Adrián Hernández, no ocupaba cargo alguno en la institución insular, al entender que ya era bastante trabajo su labor como alcalde de Puntallana como para encargarse de más menesteres. Además, otro de los consejeros, el responsable de Deportes, José Basilio Pérez, se encontraba a media jornada al seguir trabajando como gerente de una empresa de aguas, a la que, en principio, volverá a tiempo completo.

El portavoz socialista, Anselmo Pestana, es funcionario del Cabildo de La Palma. En concreto, jefe de servicio. Es decir, tiene lo que se diría un buen trabajo o, al menos, bien remunerado, ganado a pulso en unas oposiciones. Esta condición de funcionario le permite seguir liberado incluso estando en la oposición, cobrando su sueldo de la institución insular.

Jorge González, secretario de Organización de los socialistas, abandona el despacho de Infraestructura. Tiene trabajo en el centro especial de empleo La Destiladera de Breña Alta, donde es gerente en excedencia, es decir, no depende de la política para vivir, aunque lo lógico es que ocupe el único puesto a tiempo completo del grupo A que al PSC le queda en la oposición, al que se debe sumar otro del mismo rango a media jornada y dos de administrativos. No hay más.

Jovita Monterrey, sin puesto de trabajo fijo fuera de la institución insular, se quedará seguramente trabajando en el grupo, como técnico A a media jornada, con una perdida de ingresos significativa con respecto a su nómina como responsable insular de Asuntos Sociales, aunque los puestos están aún por definir. Mientras, María Victoria Hernández podría volver a su actividad como abogada tras perder la estabilidad de la Consejería de Cultura.

Ocupar los puestos libres con consejeros implica la pérdida de trabajo para asesores. Antonio Hernández Riverol, quien realizara un destacable trabajo como concejal de Obras Públicas en Santa Cruz de La Palma, perderá su plaza de técnico A en Infraestructuras, al igual que Susana Machín, edil en Puntagorda de Deportes y que curiosamente en el Cabildo estaba en Asuntos Sociales apoyando a Jovita Monterrey. Al PSC le quedan dos plazas de administrativo, las que ahora ocupan Silvia Rodríguez, concejal en Barlovento, y Lucia González, que estaba en la Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Garafía y pasó a sustituir a Abilio Reyes en la institución insular.

En este caso, no hay plazas para todos. Aunque, como el resto de trabajadores españoles, tienen derecho a cobrar el desempleo.