La sentencia que bloquea el proyecto de Eduardo Chillida para Tindaya hasta que se delimite la zona de protección arqueológica ha vuelto a poner sobre el tapete un conflicto que se prolonga desde hace dos décadas con tribunales de por medio, enfrentamientos entre instituciones y ecologistas y una sociedad que cada vez ve más lejos la obra.

Los trabajos en la Casa Alta en Tindaya, que albergará el centro de interpretación de los podomorfos (grabados rupestres prehispánicos con forma de pies) y del proyecto escultórico de Chillida, marchan a buen ritmo mientras, a unos metros, la montaña se enfrenta a un nuevo obstáculo judicial.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha escrito un nuevo capítulo a la tortuosa historia del proyecto de Chillida, al reconocer a los restos arqueológicos de Tindaya la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) "por imperativo legal" y anular la clasificación de los suelos establecida para la zona por el Gobierno canario en 2010 hasta que se delimite su protección.

La sentencia es un hito más en la historia que se puso en marcha en 1994, cuando Eduardo Chillida eligió este singular enclave del norte de Fuerteventura para realizar una gigantesca escultura a la Tolerancia, mediante el vaciado de la montaña. El proyecto sería declarado en 1995 de interés nacional por el Gobierno canario.

Tres años después, se crea la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, responsable del proyecto y formada por la empresa pública Saturno y Canteras de Cabo Verde.

Sin embargo, pasan los años, el proyecto continúa sin realizarse, desaparece dinero público y el Gobierno de Canarias anuncia acciones legales por supuestas irregularidades por parte de los primeros responsables del proyecto, pero sin renunciar a realizarlo. De hecho, esta misma semana, con la última sentencia sobre la mesa, ha reiterado su "voluntad inequívoca" de seguir adelante.

El actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), es de los que sigue defendiendo el proyecto por el interés que, a su juicio, tiene para la sociedad majorera y por el respaldo que concita en distintos grupos políticos. Y aduce además que los estudios geotécnicos de 2006 avalan las obras en la montaña.

Cabrera señala que la última sentencia del TSJC "no dice que se para el proyecto de Chillida, sino que estima parcialmente el recurso e indica que debe delimitarse el BIC", a lo que añade: "Se debe actuar rápido, por lo que incoaremos el expediente y mandaremos los estudios arqueológicos necesarios al Gobierno canario".

El presidente del Cabildo se muestra esperanzado sobre el futuro del proyecto y confía en que, una vez se subsane la delimitación del BIC y la familia Chillida dé el visto bueno a los estatutos de la Fundación, la obra pueda salir a licitación.

Mario Cabrera asegura que no supondrá gasto alguno a las arcas públicas, pues "los 70 millones de euros que se estiman de presupuesto saldrán de la iniciativa privada a través de una concesión administrativa para la que ya hay unas diez empresas peninsulares y otras tantas canarias que han mostrado interés".

Sin embargo, el trajín de sentencias, la desaparición de dinero público y el comprobar que aún no se ha movido una piedra en Tindaya han llevado a muchos a pensar que la idea de Chillida no se materializará, junto a la presión de la comunidad científica y de informes como el emitido por el Defensor del Pueblo, que cuestiona el valor del proyecto y pone en entredicho el estudio geotécnico.

José de León es arqueólogo, miembro de Ben Magec, la federación ecologista que ha llevado a los tribunales los planes del Gobierno canario, y uno de los grandes protectores de los podomorfos desde que estos fueran descubiertos por Pedro Carreño en 1979.

León aboga por proteger todo el espacio natural de Tindaya por su interés geológico al contar con pitón traquítico, testimonio de un antiguo volcán erosionado, y ser espacio para aves esteparias y elementos de la flora como la cuernúa (Caralluma burchardii), endémica de las Canarias orientales.

Subraya asimismo que existen más de 200 grabados podomorfos con la singularidad de que están sobre una misma montaña, lo que la convierten a Tindaya en uno de los yacimientos rupestres más importantes del mundo, defiende.

Este arqueólogo aclara que la sentencia "no anula las normas de conservación del monumento natural, sino que suspende una parte de estas, en concreto, las que se hicieron para encajar el proyecto de Chillida" (conceder a los suelos situados por encima de la cota 300 la condición de rústicos de protección cultural, menos restrictiva que la de protección arqueológica).

"Inventaron declarar un suelo rústico de protección cultural 4 para justificar legalmente lo que sería el vaciado de la montaña, un auténtico disparate, dando categoría de protección a algo que aún no existe", denuncia.

José de León no cree que la sociedad insular apoye el proyecto y cita una encuesta de hace dos años que "ya aseguraba que más de la mitad de los majoreros estaban en contra del mismo".

El arqueólogo recuerda cómo hace 18 años se les dijo a los habitantes de Tindaya que el proyecto generaría beneficios, pero "hasta el momento no han visto nada". "En cambio, si se hubiera creado un parque arqueológico, tal y como defendemos, ya estaría dando riqueza a la zona", añade.

Sin embargo, la familia de Chillida lo tiene claro: el desaparecido escultor vasco defendió desde el principio la necesidad de preservar los grabados de la montaña, sin causarles daño alguno, como ha señalado esta semana Luis Chillida, su hijo.

"Me gustaría que algún día ese proyecto se pudiera llevar a cabo porque es algo en lo que mi padre puso mucho interés, trabajo y esfuerzo, y es la única obra póstuma suya que quedaría", asegura el hijo del escultor. "Y si no puede ser, quedará como un sueño muy bonito, al menos para mí", confiesa.