Parece el argumento de cualquier película, pero es una historia real, donde se entremezclan supuestamente la ambición de un hombre, su deseo de convivir con sus dos hijas y un plan arriesgado para acabar con la vida de su exesposa. Ocurrió en mayo del año 2011. Ahora, este individuo y un colaborador se enfrentan a un juicio por conspiración para asesinato en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Tras 18 años de convivencia, en 2005 se divorció un matrimonio que residía en Candelaria.

El hombre, Alberto D.H.B., no asimiló que, tras el proceso de separación, su exesposa, que tenía importantes medios económicos, también permaneciera en la vivienda familiar (que era un bien privativo de ella), con las hijas de la pareja y en una finca de 1.500 metros cuadrados. En dicho terreno también residía, en una casa anexa, el padre del acusado.

Alberto presuntamente decidió acabar con la vida de su exmujer para tener a las menores con él y, sobre todo, administrar los bienes de su exesposa hasta que las hijas fueran mayores de edad.

Por eso, a comienzos de mayo de 2011, mantuvo una conversación con Jonathan J.A.D., con el que había adquirido confianza, entre otras cosas porque ambos residían en la misma urbanización de Arona. Y le dijo: "Por la confianza que tenemos, me gustaría que me consiguieses a alguien para matar a mi mujer, ya que me ha hecho perder dinero, un chalet y a las niñas".

Tras insistir en el plan varias veces, Jonathan, que colaboraba con la Asociación de Protección Civil de Arona, se ofreció a matar a la mujer a cambio de 10.000 euros.

Alberto le dijo que le daría esa cantidad tras "terminar el trabajo" y que para llevarlo a cabo le proporcionaría una inyección de mercurio.

Pero Jonathan, a su vez, necesitaba un "ayudante", que lo llevara en coche a la finca de Candelaria y sujetara a la víctima para poder ponerle la inyección, según consta en el escrito de calificación del fiscal. Y le propuso tal labor a un compañero de Protección Civil de Arona, al que le prometió darle unos 1.000 euros. El 13 de mayo de 2011, los dos procesados mantuvieron una conversación telefónica donde Jonathan le dijo a Alberto que ya tenía un colaborador, por lo que quedó con Alberto para ver el terreno donde cometer el asesinato.

Una confesión a un jefe y a la Policía Local

La conversación telefónica del 13 de mayo fue escuchada por el otro miembro de Protección Civil al que Jonathan relató su "plan" y dicha persona relató lo que sabía al jefe de la mencionada organización, que, a su vez, puso los hechos en conocimiento de la Policía Local de Arona. Debido a las características del hecho y a que la demarcación territorial excedía el citado municipio sureño, el caso se comunicó a la Guardia Civil, que desarrolló la investigación que acabó con el procesamiento de Alberto y de Jonathan. Respecto al segundo de ellos, estuvo privado de libertad desde el 23 de junio al 25 de noviembre de 2011. Por su parte, Alberto permaneció en prisión provisional desde el 24 de junio hasta el 9 de agosto de 2011. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arona decidió establecer unas medidas cautelares penales a favor de la víctima y sus dos hijas. El próximo miércoles, la Sección V de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este asunto. El Ministerio Fiscal solicita para Alberto D.H.B. una pena de siete años y seis meses de prisión. Además, la Fiscalía demanda que lo inhabiliten para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como la prohibición de acercarse a la exesposa y sus hijas a menos de 500 metros durante 17 años y seis meses. El fiscal pide para Jonathan cuatro años de prisión.