La producción del tabaco en Canarias está valorada en unos 250 millones de euros y da empleo a unas 3.700 personas. Esta industria, que tiene la consideración de "estratégica" en las Islas, elabora el 40% de todos los puros vendidos en España a través de los 500 artesanos que se dedican a ello, palmeros la mayoría. Supone así -según cifras del sector que avala el Ejecutivo regional- el 14% del PIB industrial regional -sin contar con la energía-. El negocio teme por su futuro debido a la futura directiva europea que el próximo martes tomará forma definitiva en el Parlamento Europeo. Los términos en los que Estrasburgo votará la propuesta final -para iniciar luego negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo de Europa- persigue el fin declarado de reducir el consumo -especialmente entre los jóvenes porque, según el texto, el 70% de los fumadores empieza antes de los 18 años, y el 94%, antes de los 25 años-.
Por eso, la Unión Europea plantea una batería de medidas que la Mesa del Tabaco -el órgano que agrupa a productores, industriales y distribuidores de la actividad- encuentra "desproporcionadas y sin base científica" y que augura que no lograrán reducir el consumo, pero que teme que afectará -según el propio sector- "gravemente" sus derechos comerciales y que "pone en riesgo la actividad".
El portavoz de la Mesa del Tabaco en el ámbito nacional, Juan Páramo, critica en concreto la ampliación prevista del tamaño de las advertencias sanitarias en el empaquetado, que pasarán del 40% actual al 75%, además de la obligación de incluir otras leyendas, como la que prohibe su venta a menores.
Ante la cuestión de por qué está mal ampliar esas advertencias dado que las enfermedades asociadas al hábito de fumar generan una millonaria factura sanitaria a las arcas públicas -cuya estimación varía según quien haga el cálculo, pero que siempre es cuantiosa-, Páramo apunta, por una parte, que la Mesa del Tabaco respalda toda actuación que aleje el tabaco de los menores y las que se fomenten en el campo de la formación y la educación, además de las que combatan el contrabando. "Estamos abiertos a diversas iniciativas siempre que no arriesguen el empleo de la actividad sin conseguir nada a cambio", señala convencido de que la directiva no logrará reducir el consumo.
Por otro lado, responde que la restricción del empaquetado solo dejará libre un 15% de la superficie de las cajetillas para comunicar la marca al cliente, a lo que suma la prohibición de fabricar algunos formatos, como los cigarrillos delgados o la inclusión de ciertos ingredientes -como el mentol y otros aromas-.
Entre las limitaciones al empaquetado y a la producción "todas las marcas tenderán a hacerse iguales, con un producto muy homogéneo, y solo podrán competir por el precio por lo que se abaratarán lo que, a su vez, originará dos problemas más", asegura. Uno es que los cultivos -"presentes en Canarias", recuerda- perderán competitividad, por lo que se pondrá en riesgo el empleo. Además, "el contrabando se incrementará" porque la gente buscará el formato al que está acostumbrada "en canales alternativos".
Prevé que este problema pasará del 12% actual al 23%, con lo que el Estado perderá también recaudación -1.700 millones de euros de los 9.300 actuales-. La propuesta de la norma, en todo caso, subraya que "en la evaluación de la Comisión, las opciones estratégicas preferidas no conducen a un incremento del comercio ilícito", al que responsabiliza del 8,3% del consumo actual.
Páramo cree que el impacto del contrabando en España y la eventual bajada de producción provocará la pérdida de unos 10.000 empleos -de un total de 56.000-. "Nada indica que por aumentar el tamaño de las advertencias se reducirá el consumo pero, en cambio, la directiva infringirá los derechos comerciales, industriales y de propiedad intelectual de las marcas de forma desproporcionada", insiste. "Lo que pedimos es un equilibrio entre las medidas de protección a la salud sin perjudicar el empleo".