Alcaldes de PSOE, IU, CiU, CC, Compromís, CHA, ICV y la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) anunciaron ayer que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno no crea un nuevo proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que esté consensuado con ellos.
Unos 2.500 alcaldes y concejales de diferentes partidos participaron en un acto celebrado en Madrid, en el que leyeron un manifiesto mostrando su posición "radicalmente contraria" a esta reforma local. Los alcaldes denunciaron que el Ejecutivo "pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país".
"Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015", indicó el alcalde de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo (CC).
Para los regidores, esta nueva normativa, que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014, "erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica".
"Al contrario, el modelo propuesto por el Gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos, pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos", declaró un representante de IU.
Añadió que "servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia o dependencia dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del Gobierno".
Otro de los alcaldes manifestó "que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales".
"Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los alcaldes" en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores, se añadió.