Los dos colegios de Trabajo Social de Canarias han expresado hoy su rechazo a los cambios introducidos por el Gobierno canario en el anteproyecto que modifica la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) al entender que endurece las condiciones de acceso y reduce la cuantía y el tiempo continuado en la que se puede percibir.

Así lo han hecho constar en las alegaciones que han presentado en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda tras analizar el texto publicado el pasado 3O de octubre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los colegios profesionales consideran que, lejos de facilitar el acceso a la PCI a las personas en exclusión social o en riego de ella, este anteproyecto perjudica "gravemente" a los perceptores de esta asignación, según señalan en una nota.

El perjuicio más grave para los beneficiarios de esta prestación es, a juicio de los trabajadores sociales, la drástica disminución del periodo en que puede percibirse.

Explican que hasta ahora la Ley contemplaba una duración de 12 meses con derecho a dos renovaciones de seis meses más consecutivas mientras que el texto expuesto ahora a información pública, estipula que solo se podrá percibir por un periodo de doce meses continuado y que deberán transcurrir otros doce meses antes de que el beneficiario pueda volver a recibirla.

Los trabajadores sociales afirman que la población beneficiaria es un colectivo en exclusión social o en riesgo de padecerla y resulta impensable que superen esta situación en tan solo un año y recuerdan que la PCI es el último recurso disponible una vez que la persona agota el resto de las prestaciones económicas del sistema público,"con lo que se le condena a vivir al menos año en una total desprotección social".

La nota indica que anteproyecto también reduce las cuantías económicas para la unidad de convivencia y así la prestación mínima que se percibirá será de 449,79, euros en lugar de los 472,16 de hasta ahora, mientras que la cuantía máxima, que atiende a unidades de convivencias de seis o más personas y que era hasta ahora de 658, 54 euros, se queda en 649, 77 euros.

Añade que se incrementan la cuantía cuando existen miembros menores de edad, con lo que se dejan sin cubrir las necesidades básicas de los hijos mayores de edad.

Otro de los perjuicios que detectan los colegios de Trabajo Social es la limitación que aplican a la "unidad de convivencia", puesto que se suprime la posibilidad de que si existen varias unidades familiares en un mismo núcleo de convivencia, éstas puedan pedir ayuda de forma independiente.

Solo se considera una unidad familiar independiente cuando se tiene a cargo un hijo menor.

Los trabajadores sociales esperan que la Consejería de Política Social tenga en cuenta sus alegaciones y modifique un anteproyecto "que pone cortapisas a los derechos de los canarios en exclusión social".