El tribunal de la Sección Segunda ha desestimado así el recurso de apelación que interpuso la defensa de Matas contra el auto por el que el juez instructor José Castro denegó tomar declaración a estos testigos, unas comparecencias con las que Matas quería acreditar la utilidad pública de los Illes Balears Forum, por los que el Instituto Nóos percibió un total de 2,3 millones de euros entre 2005 y 2006.

El juez apuntaba a la escasa relevancia para la causa la declaración de estos testigos por cuanto lo que en realidad se investiga es el presunto desvío de fondos por parte del Instituto Nóos en la organización de los eventos de Palma. Además, aludía a la complejidad de las nuevas diligencias debido a que 21 de los testigos propuestos residen en otros partidos judiciales y seis en el extranjero.

En esta misma línea, la Audiencia alega que las diligencias instructoras deben limitarse a las "imprescindibles", las "verdaderamente necesarias" para determinar los hechos investigados, sus supuestos autores y el órgano que será competente para enjuiciarlos. Asimismo, asevera que en este caso el derecho a la defensa "ha sido respetado" puesto que el letrado de Matas "no sólo ha tenido la oportunidad de proponer las diligencias que estimaba convenientes, sino que muchas de ellas han sido practicadas".

En este contexto, el tribunal señala que las citaciones rechazadas "poco o nada aportarán a la instrucción de la causa", recordando que algunos de los testigos que ya han sido interrogados en este sentido apuntaron al "nulo o escaso" interés de las aportaciones surgidas de los eventos, mientras que otros consideraron éstos "relativamente útiles".

El letrado de Matas, Antonio Alberca, apuntaba sin embargo que estas nuevas declaraciones se hacían "necesarias" a los efectos de determinar que no hubo "una desviación de poder" desde el Govern balear y, más en concreto, de la Fundació Illesport a la hora de acordar la firma de los convenios de colaboración suscritos con Nóos para la celebración de los foros sobre turismo y deporte.

De hecho, el abogado incidía en que los eventos contaron con la "solvencia" de numerosos participantes, se llevaron a cabo "alcanzando sus objetivos", generaron beneficios a la sociedad y sus participantes aceptaron intervenir "gracias a la figura de Don Iñaki Urdangarin y a la buena reputación entonces del Instituto Nóos".

Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.