Todos los peritos llamados a declarar ayer en la vista oral que se celebra contra cuatro concejales y tres técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística por la construcción en el frente de playa de Las Teresitas coincidieron en señalar que tanto la totalidad del proyecto del "mamotreto" diseñado por Dominique Perrault como la parte que actualmente se haya levantada afectan a zonas de protección y al dominio público.
Así, tanto los dos técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, como los dos adscritos a la Demarcación de Costas junto al técnico de la Dirección General de Urbanismo y el arquitecto especialista en urbanismo llamado a declarar por la defensa testificaron que la actual construcción "afecta sin lugar a dudas a la zona de protección y a la zona de tránsito y, de haberse culminado el proyecto, también se hubiera invadido el dominio público marítimo terrestre".
Hasta aquí hubo unanimidad entre los peritos, si bien los efectos que esta circunstancia podría tener sobre el edificio de aparcamientos y locales comerciales denominado "mamotreto" varían según estos mismos técnicos.
Para los responsables de la Apmun "el proyecto incumplía la legalidad mirase como se mirase" al incluir locales comerciales, pese a que su uso no estaba definido.
"Como aparcamiento seguramente se podría legalizar sin mayores problemas, pero teniendo otros usos hay serias dudas de que pudiera hacerse", relataron ambos, que incluso dieron a conocer que "ni siquiera el proyecto contemplaba la evacuación de aguas residuales, por lo que no parece lógico que se dieran otros usos allí".
Desde Costas confirmaron que el convenio con el Ayuntamiento nunca llegó a firmarse, "debido a la suspensión de la compra-venta de la playa" y que, por lo tanto, nunca debían de haberse contemplado locales comerciales -con o sin uso determinado-, en una zona que estaba pendiente de certificación de obra, mientras que el técnico de la Dirección General de Urbanismo insistió en que "el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz sí que permitía un aparcamiento subterráneo aunque ocupase total o parcialmente la zona de servidumbre" y que por lo tanto la obra era legalizable antes y también ahora.
Esta misma postura fue defendida por el experto en urbanismo llamado a declarar por la defensa, Damián Quero, que aseguró que los locales, salvo dos pequeños módulos, estaban dentro de la parcela urbana propiedad del Ayuntamiento, por lo que podían dedicarse a los usos que fija el PGO, entre los que se encuadran actividades lúdicas y vinculadas con la actividad propia de la playa.