No hay dos sin tres, ni cuatro... A poco más de un mes para el final del año, el Gobierno de Canarias acumula un fracaso tras otro en su intento por dirimir en el Tribunal Constitucional (TC) sus conflictos de competencias con el Estado.
Y es que 2013 va camino de convertirse en un ejercicio aciago para los Servicios Jurídicos del Ejecutivo canario, que, a tenor de los resultados, parece que han sido utilizados más con un criterio político que puramente técnico.
"Han convertido un servicio formado por excelentes funcionarios en un simple ariete político al servicio de los intereses del Gobierno regional de turno", explica una fuente jurídica.
El último ejemplo del muro que ha encontrado el Ejecutivo canario en el TC es la sentencia del pasado 10 de octubre, que viene a reproducir los argumentos que ya expresaba otra de este mismo año, del 23 de abril, sobre la obligatoriedad de que el Estado respetara el Régimen Económico y Fiscal (REF). Los recursos se habían presentado contra los PGE de 2008 y 2012.
Pero no son las únicas. El TC ha dado la espalda al Gobierno en todos los recursos en los que ha pretendido defender el derecho de la Comunidad Autónoma en relación a las aguas territoriales. La primera sentencia fue el 13 de enero. El Ejecutivo discutía la competencia del Estado para otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten al subsuelo marino. El TC fue contundente al respecto.
La siguiente fue la del 11 de abril contra el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, en la se enjuició la constitucionalidad de las competencias del Estado sobre medio ambiente y espacios naturales. Otro esfuerzo en vano.
Este grupo de fallos del TC sobre el "mar" se cierra con el del 23 de abril contra algunos preceptos de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la red de parques naturales, en la que se discutía empecinadamente sobre la constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la declaración y gestión de parques nacionales marinos.
Ese mismo mes, otro varapalo para el Ejecutivo. El TC daba al traste con las pretensiones del Gobierno en un recurso en relación con los artículos 18.5 y 35 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Y tampoco en verano hubo suerte. El 11 de julio, el TC desestimó el conflicto de competencias planteado por Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas.
Un éxito, a medias
Entre tanto fallo en contra, los Servicios Jurídicos del Gobierno lograron uno a favor, aunque con matices. En la Sentencia 33/2013, de 11 de febrero de 2013, al Ejecutivo regional le daban la razón sobre el recurso en el que se discutía la nueva versión de los cursos de dispensa para la Policía Local y de cuya inconstitucionalidad ya había dado cuenta el TC un año antes. Pero es que el Gobierno regional se personó para apoyar la inconstitucionalidad de una norma que él mismo había apoyado en su día en el Parlamento de Canarias cuando se aprobó la Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias.
Y lo que falta por fallarse
La actual legislatura ha sido especialmente prolífica en lo que a conflictividad institucional se refiere. Solo hasta el pasado mes de abril, el Gobierno de Canarias había presentado once recursos de inconstitucionalidad. Solo en los últimos meses el Ejecutivo ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas tributarias, la Ley de Costas y las tasas judiciales. Se sumaban a los ya presentados contra la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias; la Ley de Economía Sostenible; el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; la regulación de los horarios comerciales; los PGE de 2013; y las medidas de racionalización del gasto en el ámbito educativo, entre otros.