Tierra de por medio con la prensa. Esa parece ser la consigna que siguen los órganos de gobierno del Parlamento de Canarias en las dos últimas legislaturas, con el palmero Antonio Castro en la presidencia de la Cámara regional.
La intención de poner distancia con los periodistas no es exclusiva de esta legislatura. Comenzó en la pasada y ha continuado en esta.
Impedir a los fotógrafos trabajar desde la tribuna, después de que algún profesional se atreviera a fotografiar unas caricaturas realizadas por el fugaz Juan Fernando López Aguilar y otro captara parte de la agenda de una diputada socialista, fue la primera medida. Pero le han seguido otras.
Tal vez en el más claro ataque al trabajo de los periodistas, también se intentó limitar el trabajo en los pasillos -esencia del trabajo de los informadores parlamentarios-, medida que fue anulada de forma fulminante ante la lluvia de críticas recibidas.
El argumento para adoptar tan controvertida medida fue tan peregrino como breve: la mala imagen que daban aquellas personas que aparecían en los ventanales de ambos lados del salón de plenos.
Pero corregido ese error llegó otro. Desde el pasado mes de octubre la Cámara mantiene acordonados (lo muestra la imagen superior) el final de ambos pasillos de la tribuna parlamentaria. Casualmente, la parte del pasillo desde la que se puede ver con mayor claridad a los miembros de la Mesa del Parlamento.
Y tal vez con ello no se impida ejercer la labor periodística con corrección. Lo peor, en este caso, es que la medida se toma -¿como represalia?- tras emitirse en algunos medios un vídeo en el que se podía apreciar cómo un diputado visionaba una película durante un pleno parlamentario. Eso ocurrió en marzo pasado.
Pero la polémica más reciente, y tal vez la que mayor repercusión ha generado, se produjo hace dos semanas, en plena tensión del pacto de Gobierno entre Coalición Canaria y PSOE. A los informadores se les pusieron dificultades para acceder a los grupos parlamentarios -no así, previa consulta, para hacerlo a la sala de prensa de la Cámara-, lugar en el que se celebraba una importante reunión.
La prohibición motivó un torbellino de mensajes en varias redes sociales y el debate se trasladó más tarde a alguna televisión local. Ante la tormenta de críticas, los portavoces de ambos partidos accedieron a atender a los medios allí presentes en el "hall" del edificio.
Y ante el controvertido cariz que han venido tomando los acontecimientos en las últimas fechas, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha solicitado ya una reunión con la Mesa del Parlamento, órgano de gobierno de la Cámara de la que han emanado gran parte de las decisiones.
Aunque aún no tiene fecha, la idea es que la Mesa reciba al sindicato de profesionales de la comunicación esta misma semana.
La señal institucional
Otro aspecto que, por el momento, no ha generado polémica pero que lo hará en el futuro es la intención del Parlamento canario de contratar la señal institucional de televisión de la Cámara, para lo que acaba de retomar la convocatoria del concurso. La idea, según fuentes cercanas a la Institución consultadas por este periódico, es que la actividad parlamentaria se emita a través de esa señal institucional, a la que deberán engancharse -todavía se desconoce cómo se hará- las televisiones que así lo deseen. Por tanto, la libertad de movimiento de los medios televisivos se verá limitada a los pasillos y otras zonas comunes.