El Ayuntamiento de Arico y el área de Agricultura del Cabildo solicitarán al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife la adopción de una medida cautelar para que, a raíz de la liquidación y cierre de actividad en breve de la Cooperativa Nuestra Señora de Abona, se pueda mantener el uso de su red de distribución de agua, que actualmente beneficia a unos 250 agricultores de dicho municipio sureño.
Así lo aseguró ayer el alcalde de Arico, Juan José Armas, que ha participado en las últimas reuniones desarrolladas entre las citadas administraciones públicas y los miembros del consejo rector de dicha organización agraria, que tiene casi 50 años de historia y que no ha podido superar las deudas, tanto las asumidas por la propia sociedad como por las existentes entre algunos de los socios con la entidad. De esta manera, el consistorio de Arico y el consejero insular de Agricultura, José Joaquín Bethencourt, evidencian su interés por que la actividad de centenares de agricultores, ganaderos y particulares no se vea afectada por el problema judicial que padece la cooperativa Nuestra Señora de Abona. Como publicó EL DÍA en su edición del pasado sábado, la viabilidad del proyecto de recuperación se frustró desde que ni el ayuntamiento ni el Cabildo se comprometieran a abonar unos 2.300.000 euros para comprar dos estanques con capacidad para 77.000 pipas de agua y un sistema de abastecimiento compuesto por 35 kilómetros de tuberías, que en su momento fueron ofrecidos por la Junta Directiva de la organización agraria.
Fuentes del Consejo Rector lamentaron que por parte del alcalde y el consejero de Agricultura únicamente estén interesados en preservar el suministro de agua a los agricultores y no garantizar la supervivencia de Nuestra Señora de Abona. Y en enero también se suspenderá la actividad del vivero ecológico del complejo, que permitía la exportación a islas como Gran Canaria, La Gomera o La Palma, por ejemplo.