Los pacientes canarios aguardan una media de 120 días para someterse a una intervención quirúrgica, una espera que solo es superada por la que deben soportar los enfermos de Castilla-La Mancha (160 días) y Cataluña (130).

Los datos están contenidos en la memoria de 2013 de la asociación El Defensor del Paciente, hecha pública ayer y que coloca a las Islas a la cabeza de algunos de los registros más negativos del país en materia sanitaria. Según este colectivo, 33.000 personas esperan por una operación en Canarias.

Esta estimación no coincide con las cifras oficiales facilitadas por la Consejería de Sanidad, que a junio del año pasado -los datos a cierre del ejercicio no se han publicado aún- contabilizaba algo menos de 30.000. Esta discrepancia se debe a que la asociación realiza sus propios cálculos, resultado de la información de las administraciones, los casos que se denuncian y sus propias fuentes, procedentes de "diferentes colectivos médicos".

Estos números, unidos a la reducción presupuestaria para planes de choque contra las listas, demuestran, a juicio de El Defensor del Paciente, que "el cometido del Servicio Canario de la Salud ha sido nulo e inoperante".

Un total de 388 ciudadanos del Archipiélago formularon quejas a esta asociación el pasado año por incidencias relacionadas con la sanidad, la décima cifra más elevada dentro de una lista que encabezan Madrid, con 3.601, y Andalucía, con 2.113.

En lo relativo a la situación de las urgencias, la memoria de 2013 de El Defensor del Paciente incluye un listado de los hospitales españoles de los que se han recibido más reclamaciones, en el que aparece, en octavo lugar, un centro de las Islas, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

"Las negligencias sanitarias en España se han multiplicado considerablemente, producto de la política austera de recortes que ha llevado a cabo la mayoría de las comunidades autónomas", indica el colectivo en su informe, que exculpa a los profesionales, que se encuentran "sobrecargados".

Según el Defensor, 798 de las negligencias registradas derivaron en la muerte del paciente, 106 más que el año anterior.