Los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Policía Local de Arona consideran "insostenible la situación de precariedad laboral e inseguridad jurídica que sufre" este colectivo e, indirectamente, los vecinos de Arona, "que pagan sus impuestos para tener una seguridad pública digna, que es uno de los pilares fundamentales de un municipio turístico". La demanda consiste en la negativa del ayuntamiento a facilitar a dicha organización sindical el contenido de determinados conceptos que engloba la nómina de un agente de dicho cuerpo, "por lo que este sindicato se ha visto obligado a acudir la vía judicial, debido al oscurantismo y la falta de transparencia, que brilla por su ausencia en este municipio".

La denuncia fue presentada ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife el 23 de diciembre del pasado año. La delegación sindical del CSIF en la Policía Local también ha solicitado "auxilio constitucional" al Defensor del Pueblo, por la vulneración de "derechos fundamentales, como el de la negociación colectiva, por la imposición, sin previa negociación, de un nuevo horario" a la Policía Local de Arona por parte del actual alcalde, Francisco Niño, que sigue con las nefastas políticas del anterior regidor de Coalición Canaria (José Alberto González Reverón), que están llevando "a este municipio al colapso judicial".

En relación al polémico asunto del excesivo número de bajas médicas y laborales que se dieron el pasado año en la Policía Local, el CSIF muestra su desacuerdo con los datos ofrecidos. Explica que "estamos de acuerdo en que se investiguen las bajas sospechosas, pero pensamos que también se debería investigar, por ejemplo, los contratos del servicio municipal de grúas, la actividad de socorrismo, el proceso de licitación de hamacas y sombrillas, los contratos del servicio municipal de recogida de basura y los casos de sentencias en las que se condena al consistorio aronero a pagar cantidades millonarias por diversas irregularidades que tendrán que abonar los ciudadanos.

Respecto al convenio colectivo, el edil de Seguridad, Manuel Reverón, señaló que dicho acuerdo está vencido desde el año 2009, es decir, que no es un problema actual y que ese asunto compete a Recursos Humanos. Reverón señala que no hay un nuevo horario, sino que se les ha reducido la jornada en 21 minutos, para que a finales de año cumplan las horas que por la legislación tienen establecidas y no se excedan.