Enjuiciar la actuación y actitud de José Manuel Bermúdez como alcalde no es ofender a Santa Cruz y a los santacruceros. Ni siquiera supone un agravio personal hacia él. Simplemente, es el sano ejercicio de la crítica y la libertad de expresión, que nuestro alcalde debería encajar con menos intransigencia y más cintura. Sé muy bien que decir esto es una obviedad, pero de vez en cuando surge la necesidad de recordar algunas obviedades, sobre todo cuando quienes pretenden pasarlas por alto nos meten a todos en un problema que no tenemos.
Mi compañero y alcalde de Las Palmas, Juanjo Cardona, no ha roto las relaciones con Santa Cruz como ciudad, ni con los santacruceros como ciudadanos. Se ha limitado a constatar un hecho que aquí ya conocíamos todos, y que quizás le haya sorprendido por inesperado: lo difícil que resulta entenderse con Bermúdez. Esas fueron exactamente sus palabras, y creo que la mayoría de los chicharreros podemos suscribirlas. Y no estamos refiriéndonos al ámbito personal, que en eso allá cada cual con lo suyo, hablamos del plano institucional.
Lamentablemente para Santa Cruz, el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE ha llevado a nuestro Ayuntamiento a un aislamiento cada vez mayor, que puede convertirse en un obstáculo añadido en el camino de la recuperación económica y social de la ciudad. A este equipo de gobierno municipal le cuesta demasiado entenderse con los demás, y al alcalde incluso con su propio partido, como hemos visto con más frecuencia de la deseable.
Prueba de ello son las dificultades para sacar adelante cualquier proyecto local en colaboración con el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Puerto, Costas, Fomento o AENA. A este equipo de gobierno en el Ayuntamiento, por costarle, hasta le cuesta ponerse de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, para algo tan simple como borrar del padrón a 12.000 ciudadanos que nunca existieron. De eso exactamente va toda esta polémica con la que despedimos la semana, y no de ofensas fingidas ni de agravios que no han existido.
Por mucho que se empeñen en Coalición Canaria, el problema generado con el fraude del padrón no es culpa de Cardona, sino de quien lo generó en su momento, y de quien ahora intenta eludirlo, negándolo primero y ocultándolo después, es decir, el alcalde Bermúdez. Entre otras muchas razones, porque si hubiera permitido la constitución de una comisión de investigación, como le pedimos el año pasado desde la oposición, las cosas estarían hoy resueltas, las responsabilidades depuradas y su credibilidad intacta.
El caso es que el Instituto Nacional de Estadística tiene acreditado que el Ayuntamiento incorporó al padrón del año 1996 más de 11.000 registros inexistentes. Al parecer, y a pesar del oscurantismo, el fraude pudo haberse consumado apuntando en las hojas censales de miles de familias más hijos de los que en realidad tenían. En el proceso se inventaron o excluyeron los números de carnés de identidad de estos menores, cuya falsedad quedó al descubierto cuando pudieron cruzarse informáticamente con la base de datos del Ministerio del Interior.
La chapuza, obviamente, es tan burda como grave, y los santacruceros tenemos derecho a saber toda la verdad sobre lo ocurrido y a exigir responsabilidades. De ahí que lo realmente sustancial de todo este embrollo no sea lo que puedan pensar o decir de Bermúdez en Las Palmas, sino lo que el propio Bermúdez quiera hacer en Santa Cruz para solucionar este problema, que hasta ahora ha sido bien poco.
Está en juego su credibilidad, por supuesto, pero también la confianza que nuestro Ayuntamiento pueda inspirar en los ciudadanos y en las instituciones públicas y privadas. De momento, nuestro alcalde solo ha sido capaz de convencer a su socio de gobierno, y aunque la fe ciega de José Ángel Martín y el PSOE puedan tener mucha importancia para él, no es suficiente para sacar adelante una gran ciudad como la nuestra.
(*) Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz y vicesecretaria regional del PP de Canarias