El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, afirmó hoy que el ejecutivo regional ha iniciado un proceso de transformación de las administraciones públicas no conocido en la historia de las islas y que pasa por modificar "todo el entramado institucional".

Las reformas del Estatuto de Autonomía, de la ley de cabildos, de la ley municipal y la nueva ley de transparencia constituyen el entramado jurídico de esa transformación, según expuso Hernández Spínola durante su intervención en un foro sobre las reformas y la eficiencia del sector público organizado por Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

"La administración pública ni es culpable de nada ni la única solución para todo", aclaró Hernández Spínola en referencia a la crisis económica que comenzó en 2007.

Según su análisis, la administración pública lo que hace es adaptarse a la situación económica, de manera que cuando la economía crece se expande para atender nuevas actuaciones y servicios, y cuando la economía decrece reduce su estructura y su tamaño, si bien este último proceso es más difícil y requiere más esfuerzo.

En ese contexto de crisis es en el que el Gobierno de Canarias ha decidido un proceso de transformación y modificación institucional.

Aunque con estas reformas se persigue la estabilidad presupuestaria, el ejecutivo canario no comparte las reformas centralizadoras que atribuyó al Gobierno de España, dijo el consejero.

En concreto, anunció que la ley de reforma local impulsada por el Gobierno del PP, que supondrá la reversión a la Comunidad Autónoma de competencias en servicios sociales de los municipios, será corregida por el ejecutivo canario mediante la delegación de esas competencias de nuevo a los ayuntamientos o mediante una ley específica en el Parlamento de Canarias.

Tras criticar las reformas del Gobierno de España, Hernández Spínola se centró en las iniciativas legislativas del ejecutivo canario y destacó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.

Con esa reforma estatutaria se persigue proteger institucionalmente el Régimen Económico y Fiscal, reformar el sistema electoral y redefinir el reparto de competencias con el Estado.

En cuanto a la nueva ley de cabildos, explicó que buscará rediseñar las competencias entre las administraciones para evitar duplicidades y simplificar la burocracia, al igual que en la anunciada ley de municipios.

Todas las reformas se tratarán de consensuar con el resto de fuerzas políticas y con las administraciones implicadas, dijo Hernández Spínola, quien también buscará el consenso con los grupos parlamentarios en la ley de transparencia.

Anunció que mantendrá mañana una reunión con representantes de los grupos parlamentarios para presentarles el borrador de la ley de transparencia y que hagan sus aportaciones.

Esa ley persigue contribuir a que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones, que son la base del sistema democrático, dijo.

El consejero también repasó las actuaciones del Gobierno de Canarias para la modernización y la simplificación burocrática mediante el desarrollo de la administración electrónica.

En cuanto a la política de recursos humanos y gastos corrientes, destacó que estos últimos se han reducido en un 25 por ciento desde 2010, mientras que los empleados públicos han bajado en 3.000 efectivos sin recurrir a despidos y se han recortado 26 altos cargos.