La portavoz de Políticas Sociales y Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Milagros Bethencourt, reveló hoy que la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias derivó en 2013 al Instituto Canario de Vivienda casi 6 millones de euros destinados a atención a personas en situación de dependencia, “dejando en evidencia que las reiteradas quejas de CC y PSOE respecto a la financiación del sistema son pura demagogia”.
“El colmo de la incompetencia es que pueda desviarse un solo euro destinado a ayudas, cuando más de 46.000 canarios esperan por prestaciones y servicios”, declaró Bethencourt, para quien “es impresentable que el mismísimo presidente del Gobierno sostenga que hay 400 pacientes crónicos bloqueando camas hospitalarias por falta de fondos asociados a la Ley de Dependencia”.
“Con Canarias durante años en el último lugar de España en gestión de la Dependencia, es difícilmente explicable que el Gobierno regional se permita el lujo de prescindir de un euro en ayudas, y encima pretenda ocultar su responsabilidad en la nefasta gestión de la Sanidad y los Servicios Sociales en las islas”, añadió.
La diputada popular recordó que la asignación de fondos del Ministerio de Servicios Sociales depende de que el Gobierno regional cumpla previamente con su obligación, que es atender las miles de solicitudes pendientes.
46.000 solicitudes pendientes
“Solo 11.500 canarios perciben una prestación o servicio conforme a la Ley de la Dependencia, a pesar de haber más de 46.000 solicitudes sin atender” indicó Bethencourt, quien apostilló que el Gobierno “se ha negado a responder cuántos de ellos ni siquiera cuentan con el preceptivo Programa Individual de Atención (PIA), que acumula una lista de espera de meses e incluso años”.
La Consejería de Políticas Sociales y Vivienda reconoce haber efectuado esta modificación presupuestaria en el Programa “Atención a Personas en situación de Dependencia” en el año 2013, por valor de 5.945.071 euros.
“Con independencia de las necesidades concretas del Instituto Canario de Vivienda, esta medida choca frontalmente con las quejas del Gobierno regional sobre la financiación del sistema de Dependencia, y demuestra que solo persigue la confrontación política”, concluyó Milagros Bethencourt.