La audiencia previa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la empresa Inversiones Las Teresitas, prevista para hoy en un juzgado de lo civil, se ha suspendido a la media hora de su comienzo para poder estudiar la nueva documentación presentada por los letrados municipales.

La titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Serrano, ha decidido posponer hasta el 3 de abril la continuación de la audiencia previa para poder estudiar el título habilitante que presentaron en la sesión de hoy los letrados del Ayuntamiento para poder actuar en el proceso civil con plena capacidad.

La causa civil del caso de Las Teresitas responde a la anulación por parte del Tribunal Supremo en 2007 de la compraventa del frente de playa, que adquirió el Ayuntamiento por 52 millones de euros a Inversiones Las Teresitas, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

En esta causa deben determinarse los efectos civiles derivados de la nulidad de la compraventa.

Para el Ayuntamiento, esos efectos serían devolver los terrenos a ILT y que esta empresa restituya al municipio los 52 millones más 22 millones de intereses.

Pero ILT considera que los terrenos, ahora en dominio público y ya sin derechos a edificar hoteles y establecimientos comerciales, no son revertibles, por lo que reclama al Ayuntamiento su valor original con sus correspondientes intereses, más una indemnización por daños y perjuicios por la imposibilidad de su aprovechamiento, hasta un total de 116 millones de euros.

En la parte celebrada hoy de la audiencia previa, la jueza aclaró que el objeto del juicio civil será determinar si se pueden devolver los terrenos en todo o en parte y si procede rebajar el precio por no tener ya usos edificatorios.

El letrado municipal, Luis Torres Pérez, consideró en cambio que el objeto del pleito civil debería ser solamente restituir los terrenos y el precio pagado por el municipio.

La pérdida de aprovechamiento de los terrenos, en su caso, debe ser reclamado por ILT en un acto posterior por la vía contencioso administrativa, porque se trata de una cuestión administrativa y no civil.

La letrada de ILT, Luz María Sosa, alegó "causa torpe" por parte del Ayuntamiento en la compraventa de los terrenos, es decir, que se saltó la normativa prevista en el reglamento de la Ley de Bases del Régimen Local, como señala la sentencia del Supremo.

Por eso argumentó que no sólo no hay que devolver el dinero de la venta, sino que el municipio debe restituir el precio pagado por ILT y compensar a esta sociedad por la pérdida de derechos adquiridos para edificar en ellos.

ILT vendió al Ayuntamiento dos parcelas comerciales y nueve hoteleras, y el municipio pretende devolver suelo público sin los derechos edificatorios, denunció la letrada en declaraciones a la prensa.

Los abogados del Ayuntamiento no quisieron hacer declaraciones a los medios de comunicación, aunque un portavoz municipal denunció la dilación de nuevo del proceso civil y acusó a ILT de no tener ningún interés en que siga adelante.

El portavoz municipal consideró que no hacía falta suspender la vista previa hasta abril, porque la habilitación de los letrados es "un simple papel acreditándolo" y se ha presentado cuando estos han estimado que era el momento procesal oportuno.

La interpretación de la juez llevó a los abogados Felipe Campos y José Pérez Ventura, personados en la vía penal del caso de Las Teresitas pero no en la civil, a interpretar que "el pleito está perdido" para el Ayuntamiento.

Según estos abogados, que asistieron a la vista previa entre el público, la magistrada ha anunciado que va a entrar a valorar la pérdida de valor de los terrenos por su falta de aprovechamiento, lo que perjudica al Ayuntamiento porque supondrá menos dinero para las arcas municipales que los 52 millones de euros que pagó en su día.

"La juez se ha pronunciado sobre el fondo del asunto en la vista previa y ha anticipado que vamos a perder el pleito", dijo Campos, para quien lo único que habría que hacer en la vía civil es ejecutar la sentencia de nulidad, es decir, la devolución del dinero y de los terrenos.

Si estos terrenos han perdido valor por un cambio en el planeamiento municipal y si hay derechos adquiridos que indemnizar es un asunto administrativo que debería reclamar ILT por la vía contencioso administrativa una vez ejecutada la anulación de la compraventa por la vía civil, consideró Felipe Campos.

Para este abogado, el Ayuntamiento debería estar "muy preocupado" ante la posición de la juez, aunque ahora tiene tres meses para replantearse su estrategia.

Añadió que el Ayuntamiento debería acudir a un "asesoramiento externo de altura", dada la trascendencia del pleito y la posición inicial de la juez.