La vista previa al juicio civil que enfrenta al Inversiones Las Teresitas (ILT) y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por los 52,5 millones que en su día costó el frente de playa se celebró ayer parcialmente, puesto que, tras la presentación de un documento oficial que acreditaba al letrado de la Gerencia de Urbanismo como poseedor de plenos poderes por parte de Ayuntamiento, la jueza decidió aplazar la sesión hasta el próximo 3 de abril para que los letrados de la parte contraria lo examinaran y tomaran las acciones que pudieran considerar oportunas. No obstante, antes de que esta circunstancia se produjera, ambas partes tuvieron la oportunidad de fundamentar y fijar sus posturas.
Para la representación legal de ILT "existe una causa torpe, basada en que el Ayuntamiento ha incumplido sus funciones y ha vulnerado el artículo 11 de Bases de Régimen Local y así lo dice la sentencia del 2007 que anula la compraventa y ejerceremos la acción civil que consideremos oportuna para defender los derechos adquiridos y que además haya un resarcimiento", alegó la letrada Luz María Sosa, que cifró en alrededor de 20 millones de euros los intereses y compensaciones que considera que el Ayuntamiento ha de abonar a sus defendidos.
En concreto, ILT reclama a la justicia que el Ayuntamiento de Santa Cruz no solo no debe recuperar los 52,5 millones de euros que en su día pagó por la compraventa del frente de playa sino que, además, debe abonar a los empresarios hasta 4,3 millones de euros en concepto de intereses por la diferencia entre el precio y el valor del aprovechamiento urbanístico y entre 15,2 y 9,5 en concepto de compensación por gastos y perjuicios.
"Reclamamos que se han vendido de buena fe unos terrenos donde había nueve parcelas hoteleras y dos comerciales y que, por culpa del Ayuntamiento, estos empresarios se han visto en un embrollo que no tiene por qué soportar ningún ciudadano. Había unos derechos adquiridos y han de ser resarcidos por ello. Es lógico, porque si yo entrego dos parcelas comerciales y dos hoteleras tú no me puedes dar suelo público para después meterme en un procedimiento de expropiación. Sería un fraude de ley y en eso nos basaremos", detalló la abogada antes de aclarar, ya fuera de la sala de vistas, que "actualmente los terrenos son propiedad del Ayuntamiento después de que así se sentenciara en 2007, pero esa sentencia establece que hay que liquidar la compraventa civil porque el Ayuntamiento actuó como un particular más y la jueza de este caso determinará cómo hacerlo".
Respecto al nuevo aplazamiento de la vista, Luz María Sosa la achacó a la "demora a la hora de presentar documentos por parte de los letrados que representan al Ayuntamiento".
"Nosotros considerábamos que había una falta de legitimación de los abogados de la parte contraria y solicitamos saber si tenían un algún título habilitante y cuál era. Hoy nos hemos enterado que lo tienen desde el mes de septiembre pero no nos lo han hecho llegar hasta la celebración de la vista de hoy (ayer) y, lógicamente, tenemos que analizarlo", añadió la jurista que lamentó "este nuevo retraso que, desde luego, no le interesa a esta parte que lo que quiere es resolverlo cuanto antes".