Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias han avalado el abono parcial de la paga extra de Navidad del 2012 a todo el personal público de la Comunidad Autónoma, sueldo que había sido suprimido por un decreto estatal que entró en vigor el 14 de julio de ese año.

Así lo avanzó ayer en Radio El Día el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, y lo ratificó más tarde el Sindicato de Empleados Públicos (Sepca).

El aval de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo permite al departamento que dirige Hernández Spínola extender el derecho a 51.938 efectivos de la Comunidad Autónoma, que ya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de diciembre de 2013 reconocía a los trabajadores laborales (7.126).

Según indicó Sepca, los letrados del Gobierno canario subrayan que la interpretación que esa sentencia de la Sala de lo Social del TSJC hace de cómo se devengan las pagas extras "es la que mayor respaldo jurisprudencial encuentra, siendo adoptada no solo por los Tribunales Superiores de Justicia y por la Audiencia Nacional (...), sino que responde a la concepción ofrecida al respecto por el Tribunal Supremo".

El informe apunta además que existe ya otra sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que avala que esa interpretación sobre el devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral de la administración pública también es aplicable al personal funcionario, informó Efe.

El Servicio Jurídico del Gobierno concluye que no solo es aconsejable proceder a tomar esa medida por esas razones de fondo, sino también de oportunidad procesal, "a la vista de los numerosos señalamientos pendientes en el orden Contencioso Administrativo en los que se discute la cuestión".

Como se recordará, el Gobierno de Canarias había 28,3 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 con el propósito de hacer frente a la ejecución de estas sentencias, sabedor de que las resoluciones judiciales estimarían parcialmente los argumentos esgrimidos por los empleados públicos contra la supresión de la paga extra que impuso en 2012 el Gobierno de Rajoy.

De este modo, la ejecución de estas sentencias no producirá desestabilización en las previsiones de gasto ni generará déficit a la hacienda autonómica.