Hasta 35.000 canarios que no perciben ningún tipo de prestación, servicios sociales saturados por las demandas de ayudas básicas y recortes en las partidas para políticas sociales son los resultados de la crisis en los últimos años en Canarias. Pero la solución a esta situación, a juicio de las invitadas al debate de esta semana de EL DÍA, no reside en el aumento del presupuesto destinado a este fin, que para 2014 ha aumentado en un 6,7%, sino en la creación de empleo.
La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Belén Luis, recordó el drástico recorte que han sufrido los presupuestos en esta materia y sus efectos negativos en la calidad de los servicios. "Se está fomentando la desigualdad en la sociedad, ya que cada vez es más marcada, y el resultado de la disminución en las partidas ha sido que estos servicios ya no sean universales y no garanticen unos derechos básicos fundamentales", señaló. Por ello, abogó por luchar "por un sistema público de Servicios Sociales que garantice esos derechos sociales a la ciudadanía".
Por su parte, la directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Ángeles Nieves Fernández, compartió la misma opinión de Belén Luis respecto a la sociedad más desigualitaria que hay en la actualidad, pero consideró que "esto no se ha dado por los recortes, sino por el sistema". Además, Fernández recordó que Canarias ha aumentado un 6,7% el presupuesto en esta materia para 2014.
La coordinadora de Cruz Roja en la provincia tinerfeña, Elena Marco, no limitó la problemática de los recorte a Políticas sociales, sino que la amplió a otras áreas. "No hay que quedarse solo en las partidas de servicios sociales, porque en empleo hubo un recorte horrible, así como en Sanidad y Educación. Si no se le dan las herramientas a una personas y se la capacita se la deja en un círculo difícil de salir en el que solo sobrevive con ayudas", explicó Marco. Elena Marco destacó que la entidad triplicó el año pasado su presupuesto para Plan de Empleo "porque no puedes dejar a la persona con una ayuda puntual, pues no se le puede proveer permanentemente, y, además, la persona no es lo que quiere". En este sentido, resaltó el problema de la motivación de las personas que están en esta complicada situación, pues "no le ven sentido ni a estudiar ni a trabajar ni a nada, porque además están avalados por un discurso de falta de empleo y de altas tasas de paro, y estamos avalados para no hacer nada. Y cambiar ese chip es difícil". "Me preocupa -continuó- que empezamos a normalizar situaciones y se empiece a mirar a otro lado".
Respecto al trabajo desarrollado por el Gobierno de Canarias en Políticas Sociales se pronunció la diputada parlamentaria por el Grupo Popular Milagros Bethencourt, quien recordó que "la competencia exclusiva en servicios sociales es de la Comunidad Autónoma desde 1982, y, por tanto, es el Gobierno de Canarias quien tiene que marcar sus prioridades". En este sentido, destacó que "los ayuntamientos y las ONG son quienes se han hecho cargo de esta crisis", y calificó al Gobierno de Canarias de "irresponsable, ya que prácticamente no ha echo nada; aprobó una estrategia en junio de la que no se ha visto nada". Bethencourt también recordó que, frente a la escasez de acciones del Ejecutivo canario, "el Estado aprobó el Plan Nacional de Inclusión Social, que está dotado con 136.600 millones de euros para 4 años, y, además, ha subido el presupuesto para la Ley de Dependencia en 2014".
La representante de la Fecam y alcaldesa de La Guancha, Elena Luis, recordó que la crisis se ha alargado en el tiempo, y esto ha provocado que los desempleados sean de larga duración y hayan dejado de percibir prestaciones, y "no solo han aumentado los recortes, sino también la demanda de ayudas, cambiando totalmente el perfil de los usuarios de los servicios sociales". Elena Luis destacó que, ante esta situación, los ayuntamientos "han incrementado sus partidas para los servicios sociales todos los años, estando por encima del 20 o 30% del presupuesto municipal, y somos los primeros a los que se acude". Pero para la alcaldesa, "destinar más o menos dinero a tapar lo más urgente no es solución, sino generar empleo para que las familias se puedan autoabastecer; es insostenible estar buscando recursos de emergencias continuamente".
Esta opinión fue compartida por todas la invitadas al debate, quienes consideraron que la única solución no es incrementar partidas presupuestarias para ayudas de emergencia, sino generar empleo".
Elena Luis también habló de la Ley de racionalización, que "quitan las competencias en este área a los ayuntamientos nos dejan en una situación muy complicada".
Además, aseguró que esta norma plantea muchas dudas sobre quién da las ayudas hasta que entre en funcionamiento (se calcula que en 2015), "se nos están dando casos de un secretario interventor que nos dice que no podemos dar ayudas de emergencia y no hay quien las dé, y qué hace esta persona que la necesita". Y es que a la alcaldesa de La Guancha ya no le preocupa tanto la financiación, "que siempre inquieta, sino la situación legal en la que estamos para prestar servicios de necesidad inmediata a los ciudadanos". De ahí que solicitara al Gobierno canario que "reordene esta cuestión".
Para la directora general de Políticas Sociales, con la reforma de la administración local "hemos retrocedido 30 años", mientras que para Belén Luis con esta norma la cercanía de los servicios sociales que se consiguió con el Plan Concertado "desaparecerá".
Por su parte, Milagros Bethencourt explicó que esta ley tiene por objetivo "clarificar las competencias y dice que los ayuntamientos que quieran dar servicios sociales harán convenio, con dinero, con la Comunidad Autónoma". Además, la diputada popular aseguró que "el Estado ha estado trabajando porque la mejor política social es generar empleo, y ya empiezan a ver los resultados".