El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha vinculado hoy la reforma del Estatuto de Autonomía con el impulso a la actividad económica para conseguir el objetivo de crear empleo, y también ha señalado que la modificación estatutaria propuesta en la comunicación el Ejecutivo canario es plenamente constitucional.
Paulino Rivero hizo estos planteamientos durante su intervención en el pleno del Parlamento canario que debate una comunicación del Gobierno regional para la reforma del Estatuto de Autonomía, y añadió que Canarias es el territorio más singular de España y tiene el reconocimiento expreso en el Tratado de la Unión Europea.
Recordó que en el Tratado de la Unión Europea se reconoce el concepto de lejanía de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.
Paulino Rivero también recordó que en 2006 el Parlamento de Canarias acordó una reforma estatutaria con los votos de CC y PSOE, y que el PP en las Cortes presentó enmiendas, por lo que opinó que ese texto puede ser la base para la modificación del Estatuto de Autonomía.
Insistió Paulino Rivero en que el objetivo del Gobierno es crear empleo y para ello es preciso impulsar la actividad económica, para lo que es "vital" la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), mejorar la financiación autonómica y conseguir más competencias, y añadió que para lograr esas tres cuestiones es necesario cambiar el Estatuto de Autonomía.
El REF es una pieza fundamental para generar actividad económica y debe generar certidumbre, indicó Paulino Rivero, quien a continuación habló de la mala financiación autonómica de Canarias y que para hacer frente a los problemas también es preciso que las islas tengan competencias en cuestiones como puertos, transporte aéreo interinsular, telecomunicaciones, costas y comercio y sanidad exterior.
Paulino Rivero dijo que en las Cortes están en tramitación las reformas de los estatutos de autonomía de Castilla La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, por lo que, agregó, no hay razones para que una modificación estatutaria "plenamente" constitucional como la de Canarias, no sea aceptada.