El Gobierno de Canarias no ha cobrado ninguna sanción impuesta en los parques nacionales isleños desde que el Estado le transfirió, en 2009, las competencias de estos espacios, según reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, fechada a 30 de diciembre de 2013, a la diputada popular Milagros Bethencourt.
El motivo por el que no se ha cobrado ninguna sanción es que el Gobierno, durante estos años, "no ha sido capaz de definir quién es el órgano competente y tener un régimen sancionador para este tipo de infracciones", asegura.
Cabe señalar que durante esos cuatro años se han impuesto un total de 105 sanciones en los parques nacionales canarios. Un total de 86 fueron en El Teide (Tenerife), 14 en La Caldera de Taburiente (La Palma); tres en Timanfaya (Lanzarote) y dos en Garajonay (La Gomera), informa el Ejecutivo en otra respuesta parlamentaria.
Según se explica en el escrito de respuesta, en los decretos en los que se transferían las competencias a la Comunidad Autónoma "se planteó la competencia de incoar, instruir y resolver las denuncias interpuestas por la guardería en el ámbito de los Parques Nacionales". La Viceconsejería de Ordenación Territorial envió las denuncias a la Apmun, siendo estas devueltas por el citado organismo al aludir que no eran competencia suya.
No fue hasta que se produjo el cambio de legislatura, cuando la Viceconsejería emprendió acciones para solucionar este asunto. En concreto, lo que se ha hecho es "redactar una propuesta de modificación del Reglamento Orgánico de Consejería de Educación, Universidades y sostenibilidad en el que se recoge la potestad sancionadora en Parques Nacionales y se atribuye a los distintos órganos del Departamento su instrucción y resolución".
También se está trabajando en "establecer los procedimientos para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en distintas áreas medioambientales y en la adecuación de los sistemas informáticos en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad para recaudar las sanciones impuesta".
Por último, se asegura que se ha presentado una "propuesta escrita al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para tipificar un catálogo de infracciones en estos espacios que recoja las actuaciones prohibidas en los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales y que, actualmente, no son sancionables en aplicación de otra normativa".
No será hasta que culminen estas actuaciones cuando se cuente con el marco y los instrumentos necesarios para desarrollar la función de inspección y sanción de las infracciones que se lleven a cabo en los parque nacionales con eficacia y de acuerdo a la legalidad vigente", reconoce el Gobierno.
De ahí que Bethencourt considere que el "Ejecutivo es incapaz de gestionar sus competencias", y lo califique de "insensible y descuidado con los Parques Nacionales, ya que tiene cuatro espacios con agentes imponiendo sanciones sin un marco jurídico", una situación que, asegura, es "bochornosa".