La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá el 1 de abril para votar y fallar el recurso interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra la autorización que el Consejo de Ministros ha concedido a Repsol para realizar sondeos petrolíferos en Canarias.

El Cabildo de Fuerteventura ha anunciado hoy que acaba de recibir la notificación del Supremo de la fecha en la que se votará su recurso contra los permisos concedidos a Repsol, cuyos planes para buscar hidrocarburos en el Atlántico, a unos 60 kilómetros de Canarias, aún están pendientes de superar la evaluación ambiental.

En un comunicado, el presidente de la corporación insular, Mario Cabrera (CC), agradece el esfuerzo y las aportaciones que han realizado en la oposición a los sondeos petrolíferos particulares, colectivos sociales y administraciones públicas.

"Nunca antes se han expuesto tantos argumentos científicos, sociales e institucionales para parar este proyecto antidemocrático y agresivo con la naturaleza, con nuestra forma de vida y con la inteligencia de los ciudadanos", asegura Cabrera.

Repsol recibió permiso por primera vez para buscar hidrocarburos en esa zona del Atlántico en 2001, con el Gobierno de Aznar, pero el Supremo revocó las autorizaciones tres años más tarde, al estimar un recurso del Cabildo de Lanzarote, que demostró que los proyectos no cumplían con la legislación en materia de control ambiental.

Tras el retorno del PP al Gobierno, el Consejo de Ministros volvió a conceder permisos a Repsol para realizar prospecciones en esa misma zona, aunque esta vez condicionándolos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que todavía no se ha cerrado.

Repsol sostiene que esa zona del Atlántico existen reservas de crudo capaces de cubrir el 10 % de la demanda de petróleo de España y ya ha anunciado que, si recibe el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, está listo para realizar las primeras perforaciones de exploración a partir del próximo mes de mayo.

Sus planes han contado desde el inicio con el rechazo del Gobierno de Canarias, el Parlamento autonómico y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, que consideran que la actividad petrolífera pone en riesgo el rico patrimonio medioambiental de las islas y su principal actividad económica, el turismo.

Tanto el Gobierno de Canarias, como el Cabildo de Fuerteventura como los principales colectivos ecologistas del país han llevado el asunto de nuevo al Tribunal Supremo.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha desestimado hasta la fecha todas sus peticiones para que los permisos quedaran en suspenso mientras se falla si esta vez son o no legales.