El Departamento de Ayuda a la Legalización (DAL) de la patronal Femete informó ayer de que ha detectado más de 11.000 empresas en situación irregular vinculadas al metal y de las nuevas tecnologías desde el año 2000, de las cuales unas 1.500 eran totalmente ilegales. Por sectores de actividad, en torno al 86% son de automoción, un 7% de construcciones metálicas y un 1% de climatización, gas, aparatos a presión o instaladoras.

Así se desprende del informe elaborado por esta patronal y que complementa el dato conocido este miércoles de que Canarias registra una tasa de economía sumergida superior al 27,9% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 11.205 millones de euros ocultos, según un estudio elaborado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Desde la puesta en marcha del DAL, en el año 2000, con la ayuda de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, Femete ha conseguido reducir los altos niveles de competencia desleal e intrusismo existentes en sus sectores, prestando un asesoramiento integral, continuo y personalizado a las empresas que querían regularizar su situación.

En concreto, ha contactado con 11.393 empresas que supuestamente se encontraban irregulares. Una vez realizadas las pertinentes visitas por parte del equipo, resultó que 137 de ellas (un 1,20%) cumplía con todos los requisitos administrativos establecidos por la legislación vigente y el resto actuaba dentro del mercado de manera irregular.

Periódicamente, técnicos del DAL de Femete realizan visitas comerciales para incentivar de manera positiva a las empresas que ejercen su actividad bajo la ilegalidad a que la abandonen, informándoles de las ventajas derivadas de ello. En caso de no atender a dicho incentivo positivo, este cambia su signo y, de manera coercitiva, se les hace saber las consecuencias negativas derivadas de permanecer bajo la ilegalidad, procediendo incluso a la denuncia formal acerca del estado de dichas empresas.

Exactamente, el DAL de Femete valora los distintos aspectos y el cumplimiento normativo que tiene la empresa y se le asesorará de aquellos en los que debe ponerse al día. También soluciona cuestiones específicas que planteen esas empresas, trasladando la documentación necesaria a la autoridad competente para su resolución, apoyando a la empresa en todo el proceso.

En los casos donde la empresa decide continuar en su posición de ilegalidad y no atender a propuestas de corrección alguna, se procederá a tramitar denuncia de esta situación ante la Administración competente.