La modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, impulsada por el Gobierno regional al albur de los cambios realizados en la norma andaluza, va camino de convertirse en un cuestionado capricho del Ejecutivo.

En un contundente informe, la Dirección General de Planificación y Presupuesto autonómica pone en duda esa modificación propuesta por el Gobierno regional el año pasado para evitar los desahucios por su inviabilidad económica, ya que supone un gasto de más de 20 millones de euros y no asegura los ingresos previstos por el Ejecutivo.

Uno por uno, Presupuestos rechaza la puesta en marcha de los principales pilares de la norma dado el importante desembolso que implicarían, que no podría ser afrontado por la Comunidad Autónoma.

Así, en su informe "desfavorable" detalla que la creación y gestión del anunciado Registro de Viviendas Deshabitadas tendría un coste anual de 1.115.512 euros, de los que 527.960 euros se destinarían a gastos de personal y el resto, 587.552 euros, al coste de los seguros para las viviendas alquiladas. Para este concepto, detalla Planificación y Presupuestos, el Gobierno ya destinó el pasado año 400.000 euros.

Otro de los principales gastos de esta norma sería la creación y dotación del Servicio de Inspección, Sanción y Disciplina, que se encargaría de multar a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. Para este fin se destinarían 461.284,48 euros.

El tercer aspecto, y el que requiere de mayor inversión, es la ejecución de las expropiaciones temporales del uso de las viviendas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, que costaría 17.370.011,25 euros.

En total, la puesta en marcha de los aspectos más destacados de la modificación de la ley canaria implicaría un gasto de 18.946.807 euros anuales.

Sin embargo, y aquí vienen las dudas, en cuanto a los ingresos que generaría la nueva Ley, que según ha anunciado en diversas ocasiones el Gobierno sufragaría la puesta en marcha de la misma, Presupuestos considera que la financiación es "indeterminada" e "inconsistente". ¿Por qué? Porque estaría supeditada, entre otros aspectos, al número, cuantía y cobro efectivo de las sanciones y multas impuestas, así como al depósito en concepto de fianzas de arrendamiento y el interés que generen.

Considera la dirección general que los recursos que se afectan a la consecución de los objetivos proceden de las fianzas depositadas, "que al estar sujetas a devolución impiden su consideración como fuente de financiación autónoma".

De ahí que determine que la aprobación de esta norma "podría poner en riesgo la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fijados para esta Comunidad Autónoma".

Pero la Dirección General de Planificación y Presupuestos va más allá y advierte de que esta norma "no tiene cabida dentro del marco presupuestario a medio plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2014-2016".