El reciente éxito de la Marea Blanca sanitaria que paralizó la externalización de varios hospitales de Madrid ha animado a diferentes colectivos sociales canarios a sumar fuerzas y plantar cara unidos a los principales problemas que aquejan a la sanidad de las Islas, en especial las listas de espera, la falta de camas para enfermos crónicos y la saturación de las Urgencias hospitalarias.
El punto de partida será la asamblea que tendrá lugar el próximo viernes a las 19 horas en el Ateneo de La Laguna y en la que los promotores de esta iniciativa -el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública y la Plataforma por la Dignidad de las Personas- esperan nuevas incorporaciones a este movimiento, en particular a los profesionales de la medicina y la sanidad, grandes impulsores de la marea madrileña.
"Si no nos movemos ni protestamos por esta situación, somos cómplices", advirtió Jorge Bethencourt, representante del Foro, que explicó que el encuentro del viernes pretende ser el inicio de "una serie de movilizaciones".
La "marea blanca" canaria -que nace, en principio, limitada a Tenerife- ha de ser "unitaria y persistente en el tiempo", dos características que, según Bethencourt, propiciaron que se alcanzaran los objetivos trazados en la Comunidad de Madrid.
En el curso de la asamblea se abordarán asuntos como "las listas de espera de la muerte" -así denominadas por los convocantes-, las "catastróficas" Urgencias hospitalarias, los "brutales recortes" en camas, servicios, personal y calidad de la asistencia pública, los conciertos con centros privados -que, a su juicio, "empobrecen" la sanidad pública, la "inexistencia" de la atención domiciliaria y de centros sociosanitarios públicos para pacientes crónicos o "la falta de una auténtica promoción de la salud".
Uno de los mayores motivos de descontento de estos colectivos sociales es el olvido de las medidas incluidas en la iniciativa legislativa popular tramitada por el Parlamento regional sobre la defensa de la sanidad pública. "Dijeron que iban a tenerla en cuenta y se ha quedado en nada", se lamentó Bethencourt.
Por su parte, Alba Piñol, componente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas, afirmó que algunos centros sanitarios concertados no admiten a los pacientes derivados desde la sanidad pública y alertó de "consecuencias graves" para la salud de algunos enfermos. "El dinero que les dan debe invertirse en el sector público", opinó.
En cuanto a los centros sociosanitarios, y ante la falta de recursos para la creación de plazas públicas, Piñol exigió "inspecciones constantes" a los de carácter privado para garantizar que ofrecen el servicio en las condiciones adecuadas.
La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, que también apoya esta iniciativa, definió la actividad reivindicativa de los pensionistas como "un frente más" de la "lucha por la democracia" que se libra en estos momentos.