La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a los nueve acusados de participar en una red que obtenía bonos de transporte de forma ilícita y luego los vendía por diferentes lugares de Tenerife. Uno de los imputados está declarado en rebeldía.

Los hechos se remiten al periodo entre marzo de 2003 y junio de 2009, cuando Luis Martín D.R. aprovechaba que trabajaba en Titsa, y que tenía acceso a las máquinas expendedoras, para activar bonos de transporte en blanco que tenía a su disposición. Para ello utilizaba el código de otro empleado y luego borraba el registro, señala el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Estos billetes de viaje, por valor de 12 euros, y en ocasiones de 10 y 30 euros, eran entregados por él o por su esposa, quien conocía la procedencia ilícita de los mismos, al dueño de un quiosco en Somosierra, quien, además de venderlos en su negocio, los entregaba a un tercero. Esta persona también los revendía a los otros tres ahora acusados. La ganancia que obtenían los imputados era de 0,30 euros por cada bono, mientras que los principales acusados obtenían entre 4,50 y 5 euros de beneficio.

Por su parte, los hijos de la pareja, con el objetivo de incorporar este dinero al tráfico legal, constituyeron una sociedad.

La Fiscalía solicita para la pareja tres años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental como medio para una estafa continuada. Para los hijos de los dos principales acusados se pide una pena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, mientras que para el resto de acusados tres años por estafa continuada.

Además, se solicita una multa de 900.000 euros. Cabe señalar que Titsa y Metropolitana estiman el perjuicio en una cantidad mínima de 4.483.387,21 euros y como máximo 7.661.855,09 euros.

Durante la primera sesión de juicio celebrado ayer, los acusados reconocieron en parte los hechos, pues señalaron que fue mucho menor la cantidad de bonos sustraídos, mientras que los encargados de ponerlos en el mercado dijeron que desconocían su procedencia ilícita.