El concejal de Hacienda de Tazacorte, Feliciano Rodríguez, abandona su acta de concejal después de tres años llevando los destinos de la economía del ayuntamiento, con vivencias "que no se las deseo a nadie". Decide irse "para que la corporación cumpla con la regla del gasto", pero también influye, aunque no lo reconozca abiertamente, el desgaste que ha supuesto enfrentarse al legado financiero de los gobiernos de mayorías absolutas de Unión Bagañeta-Coalición Canaria.
Rodríguez, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Tazacorte, apuntó que "hay una ley que se aplicará próximamente que limita el número de concejales liberados en cada administración. En Tazacorte alguno tiene que irse y he decidido que sea yo", advirtiendo de que "me gustaría quedarme hasta el final de legislatura, pero no cumplimos con la regla del gasto y había que tomar medidas".
El todavía responsable de Hacienda, que como es lógico volverá a su puesto de trabajo, se presentó de número "2" en la lista del Partido Socialista. No tenía experiencia en la política y lo hizo "para ayudar" a la hora alcaldesa, Carmen Acosta, una persona "válida, comprometida, honrada, que quiere que Tazacorte salga adelante. Entré para colaborar en cambiar todo esto". Sin embargo, "lo que me he encontrado es kafkiano. Lo que he vivido como concejal de Hacienda no se lo deseo a nadie".
Rodríguez reconoce que "mi familia es grande, pero en mi móvil tengo más teléfonos de bufete de abogados reclamando deudas del ayuntamiento que de familiares". A propósito, recuerda que los requerimientos por impagos "alcanzan los 700.000 euros", lo que obligó a la negociación con empresas para establecer planes de pago. No eran las únicas deudas. Estaban las habituales con los bancos, aunque, en este caso, el gobierno de UB-CC fue capaz de "solicitar un crédito para contratar a 200 personas cuando faltaban tres meses para las elecciones".
El responsable de Hacienda no olvida aquellos primeros meses con serias dificultades para afrontar "lo más básicos", además de los esfuerzos "para devolver" unos 600.000 euros de subvenciones, mientras que, por el contrario, "entre 2000 y 2010 se dejaron prescribir más de un millón de euros" de ingresos.