La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha acusado hoy al presidente canario, Paulino Rivero (CC), de no decir la verdad y de estar "desinformando" a los ciudadanos cuando habla de que los sondeos petrolíferos se harán a nueve kilómetros de las islas.
Rivero denunció el miércoles en la ITB, la mayor feria de turismo del mundo, que España comete un error al promover prospecciones petrolíferas en Canarias, una actividad que puede poner en riesgo, a su juicio, su potente sector turístico.
El presidente rechazó además que el hecho de que Marruecos esté también haciendo prospecciones en esa zona del Atlántico pueda utilizarse como argumento para defender las que pretende promover Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, porque las primeras están "a 500 kilómetros" de las costas canarias y las segundas se llevarían a cabo a solo "nueve kilómetros".
En unas declaraciones difundidas por la Delegación, Hernández Bento ha manifestado hoy que le parece muy mal que el presidente diga cosas que no son verdad en un lugar al que los países van a vender lo mejor que tienen, como la Feria de Turismo de Berlín.
La delegada del Gobierno en Canarias ha insistido en que las prospecciones petrolíferas de Repsol se realizarán, si superan la autorización ambiental, a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura y ha recordado que las que hace Marruecos están a 80 kilómetros de esas islas, en la misma zona del Atlántico.
"No se puede decir que Marruecos hace sus prospecciones a 500 kilómetros, cuando ahora mismo está la plataforma Cajún de la compañía Cairn Energy allí, en la misma zona, a 80 kilómetros, perforando a 3.000 metros de profundidad", ha añadido.
La gente "no es tonta y cuando se la engaña una y otra vez" deja de creer, ha opinado María del Carmen Hernández Bento, quien también ha señalado, en respuesta al Cabildo de Fuerteventura, que la declaración de impacto medioambiental no está paralizada, sino interrumpida.
En este sentido, ha explicado que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente dispone de tres meses para emitir el informe, pero como ha solicitado más información a Repsol, el plazo se ha interrumpido.