El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de la Ley Concursal a través de un Real Decreto en el que se incluye una serie de medidas de urgencia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial para evitar que compañías rentables, pero con falta de liquidez, tengan que acudir a concurso de acreedores.

Así lo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien manifestó que esta norma nace "para asegurar el futuro de las empresas, evitando situaciones de insolvencia y dotándolas de mayores instrumentos para potenciar la financiación y las reetructuraciones empresariales".

El objetivo que persigue el Gobierno es que la legislación concursal no suponga trabas en los procesos de refinanciación de aquellas empresas que, si bien están endeudadas, son viables, evitando así la destrucción de empleo y productividad.

"Queremos impedir que un problema de liquidez y de solvencia puntual obligue al cierre de un compañía porque tiene ritmos o perspectivas de crecimiento y beneficio que le hacen viable en el largo o medio plazo", dijo.

Por ello, el Ejecutivo modifica la ley para incluir medidas que faciliten la celebración de acuerdos de refinanciación, potencien las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital.

Fuentes del Ministerio de Economía enmarcaron esta reforma "quirúrgica" de la Ley Concursal en el objetivo de contribuir a acelerar la recuperación e impulsar el crédito. El decreto insiste en la fase preconcursal para facilitar el acuerdo entre deudores y acreedores y evitar así la liquidación de empresas.

El Ministerio de Economía cree que la reforma de la ley concursal será clave para la recuperación y ayudará a que haya "múltiples" acuerdos de refinanciación, tantos como para conseguir que miles de compañías se salven de la quiebra y la deuda empresarial se reduzca al menos un 10%, 130.000 millones.

Según las primeras estimaciones del departamento que dirige el ministro Luis de Guindos, si la deuda de las empresas españolas a cierre de 2013 rondaba el 130% del PIB, 1,3 billones de euros, se puede esperar una reducción de ese volumen superior al 10% gracias a las medidas aprobadas ayer.