La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha detectado el pago de "comisiones ilícitas" y "graves anomalías contables" tendentes a "mejorar en apariencia la situación financiera" de la lonja.

La juez ha citado el día 13 a un noveno imputado en esta rama del caso Mercasevilla, el economista Jose Antonio Ripolles, porque asesoraba en materia de contabilidad con una periodicidad de dos veces al mes a los exdirectivos de la lonja ya acusados.

En la imputación dictada el pasado día 4 contra José Manuel Pulido, jefe de Caja de Mercasevilla, Alaya enumeró una serie de "comisiones ilícitas", como los 190.048 euros pagados en 2007 y 2008 a Maginae Solutions, empresa propiedad del cuñado del "conseguidor" Juan Lanzas "por su labor de mediación ante la Junta de Andalucía para financiar las prejubilaciones".

Otros 69.800 euros fueron pagados a Hermes Consulting como posibles "comisiones ilícitas" al comercial de la mediadora Vitalia Francisco González, dice Alaya sobre este sumario, uno de los cuatro que mantiene abiertos en torno a Mercasevilla.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, Alaya cita una quincena de anomalías en las cuentas que no respondían a la "lógica contable", con las que se pretendía alterar el resultado del ejercicio económico, aumentar el beneficio o pagar presuntas comisiones ilegales.

Entre otras, recoge que Mercasevilla no adoptó medidas para provisionar los 9.046.976 euros que pensaba recibir de la Junta de Andalucía para su ERE de 2007, pese a que no se habían hecho efectivos a 31 de diciembre de 2008.

También dice que en sus cuentas anuales de 2006 y 2008 se contabilizaron como ingresos 329.738 y 851.658 euros entregados por la inmobiliaria Sanma, pese a "la posibilidad más que notable de que tuviera que devolverlas".

Tampoco consignó una deuda de 423.375 euros de la fundación Mercasevilla que, por su "precariedad económica", debería haber sido recogido como perdida.

Las irregularidades incluyen los pagos con la tarjeta VISA por importe de 31.528 euros del ex gerente Fernando Mellet, ya imputado, sobre los que el auto dice que no responde a la "lógica contable" que la sociedad no conserve los justificantes de gastos.

En los dos viajes a Vietnam hechos en 2007 y 2008 por el ex director adjunto Daniel Ponce -también imputado- no se justificaron gastos de 6.566 euros y además cada uno de los viajes se registró con un criterio contable diferente.

Otras irregularidades advertidas fueron un premio extraordinario de jubilación por importe de 256.624 euros que no fue contabilizado como gasto, una sanción de 369.856 euros impuesta por la dirección General de Pesca y dos pagos de 38.000 euros a la asociación de mayoristas que, según la juez, respondieron a un "puro ánimo de liberalidad".