El Cabildo y el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife habilitarán un servicio de intervención psicológica en situaciones de crisis para personas en exclusión social o en riesgo de estarlo como consecuencia de la coyuntura actual. La Corporación insular aporta 40.000 euros a este proyecto que implicará a los ayuntamientos de la Isla que lo deseen y a las ONG que así lo consideren.
Aunque el convenio que firmaron ayer ambas partes contempla solo la primera intervención de urgencia, el Colegio garantiza la atención posterior a través de sus equipos de voluntarios. Asimismo, está por definir un protocolo de funcionamiento para el desarrollo de este servicio.
Teniendo en cuenta que las organizaciones no gubernamentales cuentan con un censo de usuarios a los que prestan, entre otras cosas, atención alimentaria y que los servicios sociales municipales son otro cauce de ayuda directa a la población más necesitada, corresponderá a ambos recabar la intervención del equipo de 15 psicólogos dispuesto para ello por el Colegio Oficial de la provincia.
"Somos conscientes de que no cubriremos toda la demanda", aseguró la vicepresidenta segunda y consejera de Acción Social y Gobierno Abierto, Cristina Valido, tras la firma del convenio con la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología, Carmen Linares.
Valido señaló que "nuestra idea es sumar, dar una oportunidad más a aquellas personas que no tienen recursos económicos y que se pueden ver en una situación complicada. Se trata de ayudarlos en un momento puntual, para atajar un momento de crisis".
El vocal del departamento de Crisis y Emergencia del Colegio Oficial de Psicología, Fernando Galván, destacó que "se trata de realizar una primera intervención en aquellos casos puntuales para reducir la aparición de trastornos y evitar que estos puedan ir a más. La tipología puede ser variada porque cada persona es diferente, pero se trata de ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión social o en exclusión social y prestarles apoyo psicológico de forma profesional".
Cristina Valido especificó que "pretendemos proteger a los ciudadanos más desfavorecidos que como consecuencia de la crisis económica y el desempleo se ven en situaciones que requieren de una intervención profesional psicológica en momentos críticos y de emergencia".
La consejera insular definió este plan como "una especie de 1-1-2 psicológico", explicando que esta primera edición del convenio permitirá pulir el proyecto y optimizarlo para los años próximos. Aunque desconocen el número de beneficiarios a los que podrán atender, Cristina Valido expresó el temor de los promotores de la iniciativa "a que esto haga emerger una demanda oculta actualmente por prejuicios, simplemente".