El Gobierno de Canarias ha señalado este martes que ya ha empezado a ejecutar la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, un plan con una ficha financiera de 190 millones de euros que, entre otras cosas, incluye la modificación de la ley Canaria de Vivienda y la ley de Prestación Canaria de Inserción.

"En la misma línea, la Consejería de Políticas Sociales convocó hace una semana a la Fecam a la Comisión de Servicios Sociales y a la Comisión de Vivienda, que tendrá lugar el próximo 24 de marzo, con el fin de abordar la oportunidad de la nueva Ley de Servicios Sociales así como el nuevo marco normativo surgido a raíz de la entrada en vigor de la ley de Reforma de la Administración Local", ha indicado a consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, quien ha destacado la importancia del "diálogo fluido y constante" con los representantes municipales y su "preocupación" ante la aplicación de la reforma local en los servicios sociales.

En su opinión, la estrategia comenzó a aplicarse el 1 de Julio de 2013 con la puesta en marcha de los comedores de verano, si bien se inició desde el mismo momento en el que el Gobierno anunció la modificación de la Ley de Canaria de Vivienda, "un hito histórico por la cual un Gobierno autónomo podrá expropiar el uso de las viviendas de las entidades financieras o entidades jurídicas a favor de las familias en emergencia social".

En el área de Emergencia Social, ha destacado que se firmó con la Fecam un convenio para el desarrollo de Acciones de Emergencia Social para el año 2013 que garantizó la financiación de las acciones de emergencia social que gestionan los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales, como bolsas de alimentos o necesidades de alojamiento.

Según la consejera, mediante este acuerdo, cuyo montante ascendió a 1,5 millones de euros, se permitió a los municipios afrontar de forma "eficaz e inmediata" las ayudas de emergencia social solicitadas por sus vecinos.

A este acuerdo se sumó lo aportado a las entidades no gubernamentales (Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja, entre otras) para dar cobertura a albergues y comedores sociales, por un montante de 500.000 euros.

Para el presente año, la consejera ha dicho que el Gobierno cuenta con una partida de 2.000.000 euros para garantizar la financiación de los programas desarrollados por entidades sin ánimos de lucro (Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, entre otras) cuyos objetivos sean la atención a las personas más necesitadas, garantizando la cobertura de las necesidades básicas, en la lucha contra la exclusión social.

En esta misma línea, ha indicado que el Gobierno amplió, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, el presupuesto de la PCI con un total de 2,4 millones de euros adicionales para el último trimestre de 2013 y con 10 millones de euros adicionales, para los próximos 2014 y 2015, con el fin de proporcionar una "mayor protección social" a las personas que reciben esta ayuda.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno ya ha llevado al Parlamento la Ley de Vivienda y ha acordado enviar al Consultivo la modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción, cuyo fin es "no sólo de aminorar los plazos y simplificar el procedimiento burocrático, sino ampliar el colectivo destinatario de esta ayuda a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos, y muy especialmente, con el fin de incrementar la protección de las familias con menores a cargo".

Además, en enero de 2014, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios firmaron el acuerdo para la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas que para este año asciende a 13.239.046,3 euros.

PLAN DE EMPLEO SOCIAL

Con este acuerdo se establecen los criterios y la forma en que se distribuirán los créditos entre los ayuntamientos canarios con el fin de dar continuidad a los programas que cofinancian con el Gobierno de Canarias en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, como las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y la Prestación Canaria de Inserción.

A estas acciones, ha detallado Rojas, se suma el Plan de Empleo Social, con una partida presupuestaria de 15,8 millones de euros, a través de la cual se ha generado empleo para un total de 2.614 personas.

El Plan de Empleo Social está destinado a tres grupos de personas y familias, aquellas en las que ningún miembro esté percibiendo retribuciones o prestación alguna; personas en situación de desempleo de larga duración o en exclusión social o en riesgo de padecerla como pueden ser las personas sin recursos ni posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, y las personas recomendadas por los servicios sociales municipales.