El Cabildo, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitario, IASS, fomentará en sus contratos la participación en programas de empleo protegido, la adjudicación de los mismos atendiendo a criterios de carácter social, y las condiciones especiales y de tipo social de su ejecución. Todo ello, en virtud de la decisión adoptada recientemente por el Consejo Rector del Instituto de llevar a cabo la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación que cumplan determinados requisitos.
Estas cláusulas sociales suponen la incorporación, por parte de los poderes públicos, de objetivos específicos de política social a sus procedimientos contractuales, en base al principio del Estado Social que propugna la Constitución Española y a los propios fines esenciales y a la población que es objeto de atención específica por parte del IASS.
En palabras del consejero responsable del IASS, Miguel Ángel Pérez, “esta decisión va ser utilizada como una técnica que permita conseguir objetivos sociales. Con este acuerdo pretendemos continuar ayudando en el cumplimiento de leyes sociales y laborales, y estimular los mercados con conciencia social, así como implementar y exportar habilidades de gobernanza sensibles a los aspectos sociales o el fomento de la integración”.
“La contratación pública socialmente responsable – apunta el consejero- supone una herramienta complementaria y sinérgica con las políticas sociales que el IASS viene desarrollando, que legitima el mensaje que se quiere trasladar a la sociedad, y que puede colocar a este Organismo en una posición ejemplarizante, catalizando conductas, incentivando a las empresas socialmente responsables y motivando a las que todavía no lo son”.
Para la inclusión de estas cláusulas sociales en los procesos de contratación del IASS se contemplan tres líneas de actuación o requisitos. Por un lado, reservará la participación en el proceso de adjudicación de determinados contratos a programas de empleo protegido. Serán aquellos que oferta el propio Instituto al objeto de que facilite la contratación de mano de obra intensiva y de escasa cualificación que permita una adecuada labor de acompañamiento y seguimiento. Así, de esta reserva se beneficiarán entidades que tengan la calificación de centros especiales de Empleo o de empresas de inserción, cuyo objetivo sea la integración laboral o social de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Las otras dos líneas de actuación serán la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación, y la incorporación de condiciones especiales de ejecución de tipo social, respectivamente. Para ello será imprescindible que el objeto del contrato haga referencia a los criterios sociales que caracterizan su contenido, tales como la creación de empleo para personas inscritas como demandantes con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación; o la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.