El investigador y doctor en Sociología Francisco González de Tena, presidente de la federación que agrupa a más asociaciones de víctimas por el robo de niños, ha asegurado que la trama tuvo ramificaciones en el extranjero tras haberse detectado que hubo niños en Alemania que procedían de lugares como Tenerife.

González de Tena ha cifrado en 300.000 los niños los casos de "presunta" adopción desde 1940 hasta 1992, último año del que hay constancia de cambio de identidad intencionada tras una sustracción.

El presidente de la Federación Coordinadora X 24 ha detallado la magnitud de este fenómeno en una entrevista con EFE con motivo de la publicación del ensayo "''Nos encargamos de todo''. Robo y tráfico de niños en España".

La primera parte del título se refiere a la frase que se repetía en clínicas y maternidades a las madres y familias a las que se comunicaba que su hijo había fallecido, cuando en realidad había sido robado para "traficar" con él.

El sociólogo (Córdoba, 1942), que ha precisado que el libro no tiene pretensión jurídica, ha explicado que para poder llevar a cabo estos "raptos", fue preciso la implicación del registro civil, de funcionarios, de notarios que levantaban actas de las "supuestas" adopciones, así como de personas que redactaban documentos de "simulaciones de partos".

También estaban involucradas en los robos personas afines a la Iglesia católica y, además, en algunos casos que le constan, se produjeron "hasta dos y tres bautizos" del mismo niño con cambios de nombre, así como anulaciones de este sacramento, "algo que no puede hacer ni el papa".

A este contexto hay que añadir "el silencio cómplice" de la sociedad, ha precisado el presidente de la federación de asociaciones de víctimas del robo de niños en España.

Según sus evidencias, los robos fueron ejecutados por "redes organizadas y conectadas entre sí" y con proyección internacional, ya que ha asegurado que "hay niños en Alemania, con apellidos alemanes, que proceden de Tenerife".

Un "núcleo organizativo muy importante" estaba en Bilbao, por eso es la primera ciudad en la que se ha presentado el libro, pero también había tramas en Valencia, Madrid y Canarias, islas donde se organizó "un supermercado de niños", según ha denunciado.

Para este investigador se trata de un "problema de Estado", aunque el propio Estado, según ha criticado, ha actuado con "connivencia" y se ha abandonado a la "inacción" y a poner "trabas burocráticas" para impedir la investigación emprendida por los familiares.

"Estamos en un bucle vicioso, porque el Ministerio de Justicia obliga a las víctimas a ir al ámbito jurisdiccional y costearlo por sus propios medios, pero al impedirles el acceso a documentos y datos carecen de pruebas y los jueces archivan su casos", ha explicado y ha añadido que la Iglesia también "cierra los ojos".

González de Tena ha asegurado que estas asociaciones han entregado tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía General del Estado los datos que tienen en su poder y que demuestran el "panorama dantesco de la manipulación intencionada de documentos", pero, en su opinión, existen "pocas ganas" en investigar.

Como ejemplo, ha citado el incendio del archivo -"no sabemos si provocados"- de la Casa del Niño de las Palmas de Gran Canarias el pasado mes de febrero, los cambios constantes de ubicación de archivos eclesiásticos o la documentación de clínicas y maternidades que no aparecen.

"¿Hablamos del pasado o del presente?", se ha preguntado, y ha afirmado que existe un "interés concreto" en que desaparezcan las pruebas o en que los familiares no tengan acceso a esos datos.

Ante este escenario en España, la federación que preside ha llevado el caso a la ONU y al Parlamento Europeo y, según ha vaticinado, si se consigue demostrar lo que ocurrió, el Estado tendrá que responder ante la Unión Europea de la "isla de impunidad" que ha montado alrededor de este asunto.

Ha expresado sus dudas sobre que se llegue a conocer la verdad de lo que ocurrió porque la mayoría de los casos se dio en la etapa de un estado totalitario con "capacidad total de borrar huellas", pero ha subrayado que las víctimas buscan la "verdad social, no la verdad jurídica".

"No quieren venganza, ni que sean condenados unos culpables que posiblemente ya estén muertos, sino tener la satisfacción de que no pasó nada y que, si efectivamente pasó, su hijo está localizable. Nada más, ni nada menos", ha comentado.