Celia Rodríguez es la hija de Juan Rodrigo Rodríguez Ferraz, el palmero presuntamente estafado y asesinado por una familia de origen boliviano a finales del año 2009. Esta mujer ha sido la persona que más ha sufrido de forma directa las pesquisas policiales sobre la desaparición y muerte de su padre; las llamadas que le hacían desde el país sudamericano para darle detalles sobre la trágica suerte de su progenitor y, sobre todo, el archivo del caso por una jueza de La Laguna, que es lo que más le ha dolido de esta terrible experiencia.
Celia manifiesta que "me siento estafada; primero por la familia de bolivianos y después por la Justicia de mi país". En declaraciones a EL DÍA asegura que "puse mi vida y la de mi hijo al servicio de una investigación que no llegó a nada". Comenta que durante las semanas de mayo y junio de 2010 en que recibió llamadas para incitarla a que viajara a Bolivia con dinero para sobornar a militares y autoridades, no tuvo familiares a su lado que la apoyaran (es hija única y su madre también falleció hace años). Y reconoce que en los días de las llamadas llegó a "sufrir ataques de pánico".
Celia explica que "me alucina que se sepa todo y, al final, la respuesta del poder Judicial es que me vaya a Bolivia y que use los datos de la investigación" que se desarrolló por el Grupo de Homicidios de Tenerife, con refuerzo de un investigador de Madrid.
Para intentar evitar ese "desamparo", la hija de Juan Rodrigo acudió al Diputado del Común y al Subdelegado del Gobierno en aquel momento, José Antonio Batista.
Recuerda que llegó a mantener una reunión con Batista, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía y el inspector que dirigió las gestiones para esclarecer el suceso. Pero ese encuentro tampoco tuvo resultados efectivos para sus expectativas.
Al principio, desde la Policía se le planteó la posibilidad de viajar a Bolivia, pero acompañada de un grupo de investigadores. Porque en aquel momento la consigna era: "ni se te ocurra salir sola del país". Y otra advertencia fue: "Si vas, te van a matar".
Y desde el Ministerio del Interior "me dijeron que si quería resolver algo, tendría que ir" al país andino. Celia comenta que los agentes de Homicidios "sabían hasta desde qué locutorio hicieron llamadas" las personas implicadas directa o indirectamente en el caso. Pero ahora "los autores pueden quedar impunes", lamenta la hija de la víctima.
Y amargamente se pregunta: "¿Qué clase de ejemplo es este para otros individuos que tengan la intención de estafar o matar a personas mayores tras sacarlos del país?". Y se cuestiona: "¿Por qué? Es un ciudadano español y se apreció la comisión de varios delitos, como estafa, blanqueo de capitales, evasión de capitales o falsificación de documentos públicos?"
La desaparición y muerte de su padre le ha trastocado su vida. Apunta que "hay un antes y un después; han sido cuatro años terribles". Y lo peor de todo es que siente que "quieren cerrar en falso un ciclo, pero no se ha puesto punto y final". Aunque en junio del 2010 finalizó la intervención telefónica de su móvil por parte de los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, "me siguieron llamando desde Bolivia para que supiera en qué se estaba gastando el dinero" el individuo identificado durante la investigación como "Marcelo". Y, además, asegura que "he tenido presión para que no dijera nada, por el secreto judicial". Sin embargo, "el secreto de sumario se levantó en octubre pasado y ahora puedo hablar".