Durante el año pasado, los juzgados de Canarias ordenaron un promedio de 360 desahucios cada mes, según la nueva estadística proporcionada este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en las islas en 2013 fue de 3.653, lo que supone un 14,1% menos que el año anterior. Según ha explicado el CGPJ en un comunicado, este descenso en el número de ejecuciones hipotecarias puede tener como una de sus causas la publicación de la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler socia".
Además, el informe recoge también la cifra de lanzamientos practicados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, que se empezó a recoger en 2013, por lo que no se puede comparar con la de años anteriores, y cuyos datos indican que el año pasado se practicaron en Canarias 4.331 lanzamientos, de los que el 44% derivaban de ejecuciones hipotecarias, el 50,2% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 5,8% de otras causas.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, la estadística recuerda que todos los trimestres del año pasado presentaron descensos interanuales, que en el caso del último --cuando se iniciaron 930 ejecuciones hipotecarias-- fue del 12,5% en el archipiélago.
Las causas de esta disminución son diversas, ha asegurado el CGPJ, que no obstante ha indicado que entre ellas puede citarse de nuevo la de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende el requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.
Por otra parte, las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo social en Canarias fue de 8.027 en 2013, lo que supone un 6% menos que en el año anterior. El descenso fue más acusado en el primer trimestre, ya que las 1.785 demandas registradas significaron un 25,4% menos que en el mismo periodo de 2012.
Por otra parte, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 8.699 demandas por reclamación de cantidad, un 17,8% más que en 2012. El último trimestre del año pasado, las reclamaciones de cantidad presentadas fueron 1.989, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2012.
Todos los trimestres del año pasado presentaron descensos interanuales, que en el caso del último --cuando se iniciaron 930 ejecuciones hipotecarias-- fue del -12,5%.
CONCURSOS PRESENTADOS
El número de concursos presentados en el último trimestre de 2013 fue de 67, un 2,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior, siendo la quinta vez que se observa una disminución interanual negativa desde el cuarto trimestre de 2010, según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
A pesar de este dato, 2013 se cerró con 345 concursos presentados, el máximo histórico registrado en un año y un 28,3% más que en el ejercicio anterior.
Los datos referidos a 2013 indican que el número de concursos declarados fue de 247 y el de declarados concluidos 25. Alcanzaron la fase de convenio 38 y la de liquidación 96 y se presentaron 30 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
En cuanto al cuarto trimestre del año pasado, se declararon 53 concursos. Asimismo, de los concursos en trámite se declararon 2. Llegaron a la fase de convenio 13 y a la de liquidación 22. Además, se presentaron 5 expedientes de regulación de empleo (ERE).
Los 27.464 procedimientos monitorios presentados en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción suponen una disminución del 32,6% respecto al año anterior.
El descenso en el número de monitorios es más acusado si se comparan los datos del último trimestre de 2013 con los del mismo periodo del año anterior: los 7.588 procedimientos ingresados en los tres últimos meses del ejercicio pasado son un 41,5% menos que los del cuarto trimestre de 2012.
Una posible explicación de esa diferencia está en el importante incremento de procedimientos monitorios observado en el último trimestre de 2012 como consecuencia del proceso de implantación de las tasas judiciales.