La Plataforma de Afectados por Aqualia en el Puerto de la Cruz anunció ayer que la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) ha iniciado un procedimiento administrativo ante el Ayuntamiento portuense y el Gobierno de Canarias para reclamar la rescisión del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua con Aqualia, y la imposición de sanciones de entre 60.000 y 500.000 euros a la empresa.
Facua subraya en su escrito que "pese a la imposibilidad de hacer uso del servicio de aguas por la población residente en siete barrios del Puerto de la Cruz, Aqualia continúa facturando a los afectados las cantidades correspondientes a la prestación del servicio, pese a que su uso puede atentar contra la salud pública, lo que resulta inadmisible".
La plataforma hizo este anuncio, previo a la demanda judicial por daños y perjuicios que también preparan con Facua, durante la primera concentración de protesta después de que 14.000 vecinos de siete barrios de la ciudad lleven 29 días sin poder consumir agua de la red pública.
Unas 150 personas acudieron a la concentración organizada ayer frente a la sede de Aqualia, donde mostraron su indignación por la mala calidad del agua que reciben. PSOE, VxP e IUC respaldaron la protesta vecinal.
Desde las 11:00 horas, vecinos de todas las edades afectados por la restricción que decretó Salud Pública el 28 de febrero entonaron cánticos como "¡Aqualia, escucha, el pueblo está en la lucha!", "¡agua limpia!", o "¡tu bolsillo lleno, para mí el veneno!". Los organizadores esperan que la manifestación de mañana, que se iniciará a las 12:00 horas en Aqualia, logre convocar a "muchos más afectados".
El jefe de servicio de Aqualia en el Puerto, Braulio Domínguez, objetivo de buena parte de los cánticos durante la protesta, se reunió con los portavoces de la plataforma y les informó de que la empresa no tiene previsto retirar los doce depósitos de agua potable repartidos por las zonas afectadas. A su juicio, el reparto de agua con camiones cuba tendría más inconvenientes que ventajas.
Domínguez espera que la restricción pueda levantarse la próxima semana, gracias a los nuevos turbidímetros que se instalan entre ayer y hoy. Además, confirmó que la obra de los nuevos filtros durará cuatro meses y que su empresa ya trabaja en el proyecto del depósito de La Vera, una obra que tardará al menos un año.