El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está dispuesto a tomar medidas contra la empresa Sacyr Vallehermoso si se confirman las irregularidades que todos los partidos de la oposición denuncian que existen en aspectos tales como las subcontrataciones, las inversiones en renovación y reposición e incluso en el incumplimiento del pliego de condiciones del servicio de abastecimiento de agas. Así lo confirmaron ayer en el pleno municipal tanto el primer teniente alcalde, el socialista José Ángel Martín, como el concejal de Obras y Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga.
"Existen causas objetivas para empezar a pensar que se debe recuperar el servicio de aguas", aseguró Martín, justo antes de que Arteaga manifestara que "si efectivamente se evidencian las irregularidades iremos a la Fiscalía". No obstante, para ambos miembros del gobierno es necesario esperar a que la auditoría externa que se ha encargado concluya.
"La auditoría concluirá antes del verano y tomar una decisión antes de conocer lo que dice podría ser precipitado, además, si vamos a hora a la Fiscalía seguramente ella misma querrá esperar también a contar con este informe para pronunciarse", insistió José Ángel Martín, que lamentó que los trámites burocráticos hayan retrasado en varios meses la puesta en marcha de la investigación interna.
"Hemos hecho nuestra propia hoja de ruta y ya hemos sancionado a Sacyr con 400.000 euros por incumplimientos y hemos hecho la incautación de la garantía, entre otras cuestiones", confirmó el edil de Obras y Servicios, que, no obstante, insistió en que no votaría a favor de la moción de Sí Se Puede de poner el caso ya en manos del Ministerio Público, justificando que "en el texto que se ha presentado se contemplan multitud de errores e inexactitudes, como que el saldo es negativo en tres millones, cuando la realidad es que es positivo en 300.000 euros".
"Nosotros vamos a ir a la Fiscalía igualmente", advirtió el portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, que relató numerosas irregularidades como el pago directo de 450.000 euros anuales a la dirección de la concesión sin justificación, tres adjudicaciones indirectas y una deuda que ya ascendería a ocho millones de euros y que podría alcanzar los treinta si el contrato no se rompe antes.
No obstante, la moción encontró el apoyo de todos los partidos de la oposición que consideraron que "el ayuntamiento no ha ejercido la obligación de controlar el cumplimiento del contrato".