El alquiler de las instalaciones que ocupa la Radio Pública de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria costarán algo más de 137.000 euros a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma en 2014.

En concreto, el local que ocupa la emisora pública en el edificio Mapfre de Santa Cruz de Tenerife supondrá un gasto de 79.644 euros este ejercicio, a razón de 6.637 euros al mes, frente a los 57.768 euros que costará la oficina que la radio pública ocupa en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo coste mensual asciende a 4.814 euros.

Así figura en la información que la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias ha remitido al Parlamento regional a instancias del diputado del Partido Popular Emilio Moreno.

Según se desprende de esta información, en los últimos tres años -cuando acabe 2014-, el Ejecutivo canario habrá pagado 442.845 euros por el alquiler de los locales que ocupa la radio pública.

De esa cantidad, 137.412 euros corresponden a lo que el Gobierno abonará este ejercicio, mientras que el resto se distribuye entre los años 2012 y 2013. El primero de ellos, y por el local de Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo regional pagó 82.778 euros, mientras que un año después esa cantidad se redujo a 57.648 euros.

Por la sede de Tenerife, en cambio, se abonó algo más. En 2012 el alquiler ascendió a 85.041 euros, cinco mil menos que un año después -79.966 euros-.

Cabe recordar que en el informe que elaboró la Audiencia de Cuentas sobre la gestión en RTVC entre los años 2008 y 2011, el órgano fiscalizador cuestionaba algunos de los contratos de arrendamiento de oficinas suscritos por el ente público en esas fechas.

En concreto, apuntaba la Audiencia de Cuentas, en algunos de los expedientes examinados no constaban informes jurídicos, técnicos ni de cualquier otra naturaleza, previos a la formalización de los contratos que justificaran la necesidad, la oportunidad o conveniencia de la contratación a efectuar. Tampoco existía, remarcaba el órgano fiscalizador, un análisis previo sobre los precios a satisfacer, ni tampoco la documentación acreditativa de que estos guardaran proporción en cada momento con el precio general del mercado.