El presidente del Colegio de Médicos de la provincia Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, aseguró ayer que "desconoce" cómo pretende el Gobierno de Canarias dar acceso a más datos clínicos de los funcionarios públicos, después de que el sindicato Sepca denunciara este miércoles que el Ejecutivo contempla esta posibilidad en el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Sociales de Canarias.
No obstante, y a pesar del desconocimiento, Martín se mostró "contrario" a la intención del Gobierno regional, en tanto en cuanto es una información de "máxima seguridad".
"Habría que ver cómo se articula eso normativamente para ver en qué condiciones y por qué se justifica que se entre en esa historia clínica", subrayó Martín, quien remarcó que "no le parece" que un control administrativo sea un motivo para entrar en una historia clínica.
"Y siempre tendría que hacerlo un médico, y con garantías de que fuera solo él", sostuvo el presidente del Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña, quien incidió en que esta es una competencia que, en principio, solo tiene la Consejería de Sanidad.
Con la ley que elabora el Gobierno, parte de este competencia la tendría también la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Y quien sí rechazó de plano la pretensión del Ejecutivo fue la exconsejera regional de Sanidad Mercedes Roldós, quien achacó la medida criticada ahora por Sepca a la debilidad de la actual regidora de la sanidad canaria, Brígida Mendoza, a quien acusó de "no defender" las funciones propias de su Consejería.
Según Roldós, el Gobierno ya intentó tener acceso a parte de esos historiales clínicos de funcionarios para el control de las incapacidades temporales (IT) cuando ella era consejera de Sanidad, cuestión a la que, según aseguró, se opuso. "Desde hace años ha habido un intento por parte de Función Pública de tener un control de algo que no es de su competencia", subrayó Roldós.
La exconsejera sostuvo que estas son funciones exclusivas de la Consejería de Sanidad, y por ello todas las comunidades autónomas las tienen asignadas a este departamento. Es más, según recordó Mercedes Roldós, todavía está vigente un convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Sanidad -cuando ella era consejera- y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para el mejor control de la incapacidad temporal. "Y en todo este tiempo se han reducido muchísimo las bajas en el sector público", apuntó.
"Por tanto si ahora adscriben estas funciones a la Consejería de Presidencia tendrán que aclararlo", dijo la exconsejera de Sanidad, quien aseguró también que hay varios dictámenes del Consejo Consultivo que ponen en duda la pretensión del Ejecutivo.