La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, expuso ayer su sospecha de que los 50 millones de euros destinados a la rehabilitación de vivienda sin justificar se han destinado a alquileres sociales.
Cabe recordar que el Estado dio al Gobierno de Canarias 72,48 millones de euros para este fin, de los que 50 no han sido justificados, según aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor.
En una rueda de prensa ofrecida ayer, el PP conjeturó que este dinero fue empleado en un fin diferente al establecido por convenio, en concreto a acciones sociales.
"Estamos igualmente ante un problema porque si son alquileres de las personas a las que van a arreglarles las viviendas está bien justificado, pero si el Gobierno de Canarias ha utilizado el dinero destinado para las rehabilitaciones en alquileres de personas necesitadas, estarían incumpliendo con Madrid", explicó Tavío.
Expuso que al Grupo Parlamentario Popular le consta que se han ejecutado muy pocas rehabilitaciones de viviendas en el Archipiélago, y anunció que centenares de vecinos de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, a quienes el Gobierno de Canarias prometió reparar sus hogares, solicitarán amparo a la Defensora del Pueblo y al Diputado del Común.
En este sentido, el PP señaló que ha recogido ya un total de 727 firmas de afectados en este caso, solo en Tenerife. También se está desarrollando una campaña para sumar al cómputo todos los supuestos que han tenido lugar en las Islas.
"La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, no puede justificar en qué ha usado 50,8 millones de euros para rehabilitación y renovación de viviendas en 35 barrios de las Islas", recordó.
Hace unos meses, el Partido Popular había cifrado el dinero sin justificar en 70 millones de euros, por lo que Tavío mostró su sorpresa ante la regularización de cerca de 20 millones, una cifra que considera alta "teniendo en cuenta los miles de carteles de barrios por toda Canarias donde las obras no han sido ejecutadas".
Desde el PP canario consideran difícil que sea posible explicar en qué se han gastado los 50,8 millones restantes de dicho presupuesto. "La Consejería de Vivienda lleva cinco años desviando los fondos adelantados por el Ministerio del Gobierno de España para las rehabilitaciones", desde su punto de vista y "jugando con los canarios que esperan para rehabilitar sus casas y con los parados que podrían estar trabajando con cargo a ese dinero", según Tavío.