El Juzgado de Primera Instancia Nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha dictaminado que las seis familias que ocupan el edificio Alejandro en la calle Juan Rodríguez Santos, de Ofra, propiedad de Bankia, no tienen por qué abandonar el inmueble y que en el caso de que tuviera lugar otro procedimiento en su contra se tendrían que valorar las circunstancias personales de sus inquilinos, personas en riesgo de exclusión social. Además, la sentencia considera que el ayuntamiento es conocedor de la situación y le recuerda que a través del Protocolo de Mediación en Evitación de Desahucios la corporación se comprometió a estudiar una fórmula alternativa para estas familias.
La sentencia, resultado de una vista que tuvo lugar el 7 de abril, enuncia que "la petición de desalojo de quien pudiera considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente habrá de efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble". Es decir, al no haber la entidad bancaria solicitado durante el primer año -plazo citado- el desalojo del inmueble el juez considera que ha expirado su derecho a hacerlo.
Asimismo, comunica a Bankia que puede iniciar otro procedimiento para recuperar el inmueble, pero que en este se tendrán que tener en cuenta "todas las circunstancias recurrentes, tanto las subjetivas como las objetivas de los ocupantes, en el caso de que tuvieran a su cargo menores de edad o personas impedidas, el que tuvieran pedidas una casa alternativa al ayuntamiento de esta ciudad, el que tuvieren declarada una minusvalía de cualquier tipo, en el que se hayaren en situación de desempleo ni subsidio propio".
Además, este fallo judicial considera que también se tendrá que tener en cuenta la intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife , quien en el Pleno del 25 del mayo de 2012 aprobó el Protocolo de Mediación en evitación de Desahucios, mediante el cual remitió a la entidad bancaria que "estudiaban una alternativa que salvaguardará, de la mejor forma posible, la salud e integridad de las familias reseñadas".
De esta manera, este fallo judicial pone de manifiesto por primera vez en la historia las circunstancias personales de aquellos que ocupan viviendas en nuestro país así como consideran que el Ayuntamiento de Santa Cruz es, al haberse comprometido con estas familias, un tercero en este procedimiento.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora manifestó ayer que "esto es una alegría mediante la que se evidencia todo el trabajo elaborado desde atrás". Además, Évora considera que "esto es un paso agigantado puesto que no hay ningún otro auto dictado en este sentido y que contemple todas nuestras alegaciones juntas", así como recuerda que "esperan que el ayuntamiento siga colaborando y que den alternativas habitacionales a todos lo que sean desahuciados".
"Desde que entré al edificio la salud de mi hija mejoró"
María, tras su segundo desahucio, se mudó a casa de sus padres pero tuvo que abandonarla al no tener esta óptimas condiciones de habitabilidad para su hija, que padece graves problemas respiratorios. María se mudó a este inmueble y afirma que desde que viven allí su hija ha mejorado notablemente. Según ella, las personas que ocupan el edificio comen gracias a las donaciones de varias ONG y afirma que se ayudan mucho los unos a los otros.
"Mami, ¿nos vamos a quedar aquí siempre?"
Conchi vivió tres desahucios antes de mudarse al edificio de la entidad bancaria. Dejó de cobrar la prestación por desempleo en 2008 y, desde ahí, apenas tiene medios para subsistir. Cuenta, entre lágrimas, que al recibir la noticia no tenía clara cual sería la situación y que se encontraba ante la misma pregunta que su hija: "¿Nos vamos a quedar aquí siempre?". Conchi agradece enormemente el apoyo de la PAH.