La inspección interna ordenada por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en febrero de 2013 tras detectarse un presunto fraude en el número de habitantes registrado en el padrón municipal ha tardado algo más de un año en concluir que fue la empresa contratada en 1996 para la actualización de los datos de población la que cometió diferentes errores que, al irse acumulando, han generado un desfase de cerca de 15.000 vecinos.
Sin embargo, esta afirmación, realizada ayer por el concejal de Inspección y Evaluación de Servicios, Florentino Guzmán Plasencia, no tendrá ninguna repercusión legal.
"Ha prescrito cualquier intento de demanda que nos pudiera llevar a pedir una compensación por este error administrativo, ya que el periodo máximo era cinco años y han pasado 16", declaró, antes de asegura que la investigación interna ha permitido detectar "evidencias de que no ha funcionado correctamente el Negociado de Población por causa de una falta de actualizaciones y por deficiencias en la guardia y custodia de los documentos".
Y es que según detalló, Florentino Guzmán Plasencia, "el 99% de los errores encontrados en la base de datos se generaron en el año 1996, hasta el punto de que los datos digitales no coinciden con los impresos. Pese a ello, el 78% de los habitantes tienen su hoja padronal localizada".
En su intervención, el edil informó de que el 80% de los errores detectados correspondes a dos circunstancias: el denominado "error cinex", que se vincula a la acumulación de errores que no están tipificados con un código numérico y el "error 144", que define al habitante español mayor de 16 años y que no consta en la base del Documento Nacional de Identidad (DNI).
En este punto, el responsable del Negociado de Población y concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, explicó que el proceso de depuración del padrón que empezó el año pasado ha concluido con 7.979 bajas en el mes de octubre, 3.207 en noviembre y 2.732 en enero. Es decir, que finalmente son 13.918 los vecinos que se han eliminado por estar ausentes, tener una dirección incorrecta o aparecer como desconocidos.
"El ayuntamiento da por zanjada la depuración del padrón y recuerda que la Fiscalía ha archivado cualquier delito que se haya podido conocer por considerar que ha prescrito, lo que no debe olvidarse, además de que los datos fueron validados por Instituto Nacional de Estadística y el Consejo de Ministros", insistió Bernabé, para el que la clave de la inspección interna no solo ha sido averiguar el origen del problema sino sobre todo articular cambios internos para que no vuelvan a producirse.
"El informe propone diez medidas correctoras y ya las hemos asumido y se están poniendo en marcha. Además, el alcalde ha firmado un decreto en el que se reorganiza internamente el Negociado con un nuevo funcionamiento y estructura", concluyó el edil.