Hasta hace unos años, la falta de políticas de vivienda, el escaso desarrollo del ordenamiento urbanístico y las prácticas clientelistas favorecían la impunidad de quienes decidían ejecutar obras sin tener en cuenta las normas vigentes ni solicitar la correspondiente licencia. Pero ya no. La extensión de una cultura cívica en esta materia y el "miedo", tanto de administraciones como de ciudadanos, a verse ante la Justicia han contribuido a frenar este fenómeno.
Así opinan los invitados al debate de EL DÍA -el secretario regional de Políticas Municipales del PSC-PSOE, Gustavo Matos; el concejal de Urbanismo del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (Partido Popular); y la diputada del grupo nacionalista canario Flora Marrero (CC)-, quienes, de esta manera, rebaten algunas de las conclusiones del último informe anual del Diputado del Común, cuyas denuncias sobre el "amparo" que las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, conceden a los infractores a causa de su "tardía y torpe" actuación llaman la atención por su contundencia.
¿Es justa esa consideración de la institución cuyo titular es el expresidente del Gobierno Jerónimo Saavedra? "Si el Diputado saca esa conclusión será porque tiene la información correspondiente, y es verdad que nunca nos hemos tomado demasiado en serio el problema", comienza Gustavo Matos.
Eso sí, apunta que esos datos responden a "una forma de entender el tema que afortunadamente ya está desterrada y que obedecía a la necesidad de muchas salidas de resolver el problema de la vivienda". A su juicio, tanto en las administraciones como en los administrados se ha producido "un cambio de cultura" en el que está más presente la preocupación por el medio ambiente.
"A veces ponemos demasiado el acento sobre determinadas situaciones que constituyen un problema social mientras se buscan soluciones jurídicamente más complejas a infracciones urbanísticas de más gravedad protagonizadas, por ejemplo, por hoteles de primer nivel. No se actúa igual en todos los casos", reflexiona.
Sebastián Ledesma expresa su disconformidad con el informe del Diputado del Común, advierte de la complejidad del asunto y niega que la actuación de las administraciones sea torpe o tardía. "Hay un procedimiento que tenemos que cumplir, porque tanto el denunciante como el denunciado tienen derechos", argumenta.
Como sus compañeros, el edil de Urbanismo del Puerto de la Cruz considera que este fenómeno "viene del pasado, de la costumbre de la autoconstrucción, sobre todo en zonas rurales". La falta de alternativas en materia de vivienda -que también es un derecho constitucional, precisa- alentaba entonces esta práctica.
Ahora, en cambio, "la mayor parte de los planeamientos delimitan perfectamente el suelo rústico y el urbano y contamos con órganos encargados de vigilar las infracciones". Según Ledesma, "ningún expediente se paraliza, aunque es lógico que el denunciante quiera mayor agilidad".
"Antes se producían muchas infracciones urbanísticas porque era económicamente rentable, pero ya no es así", tercia Flora Marrero. Las exigencias de transparencia y las consecuencias legales que puede acarrear la dejación de funciones han cambiado las cosas. "La gente ya no se arriesga", concluye la parlamentaria nacionalista, que percibe la nueva situación como "un avance de la democracia". "Todos estamos sujetos a las normas. Personas muy pudientes han tenido que demoler su casa o parte de ella", asegura.
Matos admite que "antes los ciudadanos tenían la sensación de que existía una doble vara de medir", aunque también sostiene que "es injusto tratar igual situaciones diferentes". Así, distingue entre "quien pide licencia para levantar un cuarto de aperos y se construye un chalé con piscina y quien amplía su casa para proporcionarles una vivienda a sus hijos".
Por ello, añade, es necesario "buscar soluciones en algunos casos". "Hay que ponerse en la piel de un responsable político que tiene que firmar la orden de derribo de una casa, y es normal que la administración intente encontrar una solución dentro de la legalidad". El también director general de Comercio del Gobierno regional pone sobre la mesa otra dificultad: "Hay ayuntamientos que, por sus pequeñas dimensiones, carecen de capacidad para afrontar determinados fenómenos".
La progresiva aprobación de los planes generales y las políticas de vivienda pública han permitido, insiste Sebastián Ledesma, que las construcciones ilegales hayan dejado de proliferar. "La realidad hoy día no tiene que ver con las viviendas ilegales, sino con pequeñas infracciones", constata.
Aunque reconoce que "a veces puede haber inacción", recuerda que "políticos y funcionarios saben a lo que se exponen". "Hoy todo el mundo va directamente a la Fiscalía", dice el concejal portuense. El exceso de trabajo de las áreas de urbanismo y oficinas técnicas -"a veces se piensa que la disciplina es su única competencia"- también es un factor que debe tenerse en cuenta. Ledesma está convencido de que "ningún ayuntamiento defiende la impunidad" y afirma que las corporaciones "se cuidan mucho, no solo por temor a la Fiscalía, sino para organizar adecuadamente su territorio".
"Todos estamos de acuerdo en principio en demoler la construcción y sancionar al infractor, pero hasta anteayer nos daba lástima de las personas a las que les pasaba", continúa Flora Marrero, que rechaza la idea de que los ayuntamientos den amparo a estas situaciones. "Otra cosa -apostilla- es que no tengan recursos suficientes para hacerles frente". La legalidad, la transparencia y la convivencia son, en su opinión, los tres principios que rigen hoy día en esta materia.
Sin señalar a ninguna formación en concreto, Gustavo Matos alude al clientelismo que, hasta hace unos años, regía las relaciones entre responsables políticos y ciudadanos en algunos municipios y que se traducía en la idea "tú construye y no te preocupes". Esta permisividad, reitera, ya no existe.
Un segundo control al margen del de los ayuntamientos lo impide: sin cédula de habitabilidad hay muchos problemas para disponer de suministro de agua o electricidad. "Lo hemos vivido incluso con urbanizaciones de adosados", precisa Matos. Flora Marrero asiente: "Antes había cierta condescendencia, y ahora estamos todos de acuerdo en que las normas están para cumplirlas".
Finalmente, Sebastián Ledesma recurre a las estadísticas para resaltar que "el fenómeno de las viviendas ilegales no se ha incrementado". Sí lo han hecho, agrega, las "pequeñas infracciones". El de las construcciones ilegales, por tanto, "ya no es un problema principal en Canarias", sentencia el concejal del PP.