La tan esperada orden que regulará la derivación de pacientes con el alta médica que ocupan camas hospitalarias a centros sociosanitarios vio por fin la luz ayer. La normativa llega con año y medio de retraso, puesto que el decreto que viene a desarrollar, publicado en agosto de 2012, contemplaba su elaboración en un plazo máximo de tres meses.

Además de establecer las condiciones en que estos pacientes -personas en situaciones de dependencia a las que no es posible atender en sus domicilios- pueden ser trasladados a centros sociosanitarios, la orden fija los requisitos para concertar las plazas necesarias con las empresas privadas.

La norma ha sido diseñada conjuntamente por las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno regional. El último de estos departamentos destacó ayer en una nota que la orden, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, "no tiene equivalencia en otras comunidades autónomas" y contribuirá a aumentar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el sector privado ha acogido con satisfacción, pero también con pesimismo, la normativa. El presidente de la Asociación Canaria de la Dependencia, Juan Luis García del Rey, reconoció que el colectivo que representa se encuentra "muy feliz", entre otras razones porque el texto recoge buena parte de sus puntos de vista. "La orden señala que la derivación a centros sociosanitarios supondrá una reducción de costes, algo en lo que llevamos insistiendo mucho tiempo. Nos han dado la razón", constató.

El pesimismo responde a sus dudas sobre la capacidad de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales para coordinarse. A diferencia del Gobierno central, que aglutina ambas competencias en un mismo departamento, en Canarias existe una "bicefalia", según García del Rey, que "hará muy engorroso llevar a la práctica" lo que recoge la orden.

Las empresas del sector cuentan con 700 camas que ponen a disposición de la Administración para facilitar el traslado desde los hospitales públicos. Y pueden ser más, porque, según el presidente de la Asociación Canaria de la Dependencia, hay empresarios dispuestos a construir nuevos centros. García del Rey recuerda que la lista de espera en las Islas supera las 4.000 personas.

Para ser derivado, el paciente ha de tener el alta médica, precisar de cuidados sociosanitarios y no poder volver a su domicilio por no contar con el soporte familiar adecuado. La orden también fija cómo debe desarrollarse el proceso de asignación de plaza y traslado.

En cuanto a los conciertos, la normativa advierte de que la financiación de las plazas no puede implicar un incremento de los presupuestos del Servicio Canario de la Salud.