La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ha indicado hoy que es necesario analizar cómo afecta la modificación hecha por el Instituto Nacional de Empleo (INE) sobre la medición del paro para conocer con exactitud la situación del desempleo en las islas.
Luengo ha recordado que la Encuesta de Población Activa (EPA) se asentaba sobre el censo de 2001 y ahora se hace sobre el de 2011.
De acuerdo al nuevo sistema, en Canarias desciende el número de parados y también el de ocupados, mientras en el resto del Estado sube el número de ocupados, por lo que, a juicio de la consejera, es preciso estudiar detenidamente el cambio de método.
Luengo ha lamentado que el Ministerio de Empleo haya descartado "de manera tajante" que ninguna comunidad autónoma pueda tener un plan especial de empleo y que no se tenga en cuenta la elevada tasa de paro que sufre el archipiélago y sus condiciones especiales, algo que sí reconoce la Unión Europea.
La consejera considera ese plan especial de empleo podría incluirse en la modificación del Régimen Económico y Social (REF).
Respecto a las críticas que algunos empresarios han hecho a los subsidios que reciben algunos desempleados, Luengo ha afirmado que obedecen a "una ideología determinada" y las ayudas activas de empleo son necesarias para evitar bolsas de exclusión social.
La consejera ha hecho estas declaraciones antes de asistir al pleno del Instituto Canario de Seguridad Laboral, que tiene previsto analizar las actividades desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales en 2013.
El director territorial de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social en Canarias, Francisco Guindín, ha indicado que la seguridad laboral aumentó un 0,3 por ciento en 2013 en el archipiélago en comparación con 2012, año en el que tuvo un comportamiento especialmente bueno.
En su opinión, ese aumento no guarda relación con la crisis económica ni con los ajustes, tal como aseguran los sindicatos, ya que las inspecciones laborales se mantienen.
Los accidentes graves y muy graves se han reducido notablemente pero los leves se mantienen en niveles elevados, especialmente los leves que tienen que ver con la ergonomía del puesto de trabajo.
Guindín ha señalado que durante 2013 se efectuaron más de 18.000 actuaciones en materia de riesgos laborales, un 32 por ciento del total.
Se extendieron casi 750 infracciones, la mayoría debido a las condiciones de seguridad laboral, materia de formación e información prevención o riesgos eléctricos, que supusieron sanciones por valor de 2,5 millones de euros.
Asimismo, se investigaron 310 accidentes laborales, diez de los cuales fueron mortales, la mayoría debido a causas naturales o de seguridad vial.