Un informe técnico frenó la intención de los grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma de renovar por acuerdo político el contrato de una trabajadora que tanto el gobierno local (PP-PSC) como la oposición (CC) consideraban que era necesaria para ofrecer servicios a los ciudadanos, en este caso en la biblioteca, y fija la necesidad de convocar unas pruebas públicas para que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de acceder a un puesto en la administración.

El ayuntamiento decidió no renovar a la afectada a finales de 2013 después de cumplir su último contrato, que había ido renovando desde 2007, al entender que legalmente no era posible. Sin embargo, la trabajadora optó por recurrir a la justicia al defender que debía mantener su puesto de trabajo. El juez, en su sentencia, le dio al ayuntamiento dos opciones: indemnizarla, con poco más de 9.000 euros, o readmitirla. PP, PSC y CC se reunieron y decidieron, en un acuerdo político, que lo mejor para mantener prestando el servicio de biblioteca era ampliar su contrato. Para otros trabajadores que con anterioridad fueron despedidos la solución ha sido bien distinta.

Cuando todo estaba acordado, llegó a la Alcaldía el informe de la técnico de Administración General de Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el que "recomienda" al regidor municipal, Juan José Cabrera, que la trabajadora sea despedida, con el objeto de "cumplir la sentencia pero sin dejar de aplicar los principios de acceso al empleo público establecidos en la Constitución y en la legislación básica aplicable en materia de función pública". Es decir, que no se podía poner a dedo.

La técnico, que dicho sea de paso ya se equivocó, según dictaminó con posterioridad la justicia, en otro caso de Personal que no solo tuvo un coste para el ayuntamiento sino que perfectamente podría tener repercusiones futuras, recuerda el carácter de servicio mínimo obligatorio de la biblioteca pública para los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, por lo que subraya que con independencia de que el ayuntamiento despida a la afectada, "debe proveer el servicio con personal propio o mediante selección externa". Por ahora, está cerrada.

En el informe se apunta que mientras el ayuntamiento pueda proveer y sacar a Oferta de Empleo Público un puesto de bibliotecaria o de auxiliar de biblioteca, congelada actualmente por las leyes de los presupuestos generales del Estado, "podemos atribuir las funciones de auxiliar de biblioteca a un auxiliar administrativo de esta entidad".