El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) exige a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz "disponer las medidas necesarias para la inmediata" ejecución de la sentencia por la que el órgano judicial anuló la licencia de obras que permitió ampliar notablemente la edificación de la residencia de mayores Ifara.
En su auto, el TSJC asegura que la actuación del consistorio "es prueba irrefutable del ánimo dilatorio" -que hay "un manifiesto ánimo de dilatar el procedimiento", llega a reiterar- por parte de la Administración municipal toda vez que los vecinos que denunciaron la ilegalidad debieron retornar al Tribunal para ante el "calvario", en definición de los magistrados, por el que están pasando.
"El demandante ha tenido que acudir a los tribunales porque la administración se negaba a ejercer las potestades legales de restablecimiento del orden urbanístico", señala el auto del TSJC en el que, asimismo, se refleja con rotundidad que "la sentencia claramente no ha sido ejecutada en sus propios términos".
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife anuló la licencia de obras de 2003 y otra de 2004 concedida para realizar reformas. Se da la circunstancia, según expusieron los denunciantes en su momento, que existe un auto, datado el 10 de mayo de 2013, en el que se asegura que la sentencia estaba cumplida.