Tres días después de que lo anunciara su compañero de filas José Manuel Bermúdez, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito (CC), anunció ayer que formalizará "muy pronto", por escrito, su dimisión del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), tras haberla planteado de forma verbal "hace mucho tiempo", sin que se haya producido su sustitución hasta la fecha.

En declaraciones a Radio El Día, Brito dijo que tanto él como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife habían expresado su deseo de abandonar el órgano de control y fiscalización de RTVC "tiempo atrás" y remarcó que el Consejo "no puede funcionar" en las condiciones actuales.

Cabe precisar que la renuncia de Brito deja al Consejo con mayoría de la oposición, PP y NC, aunque esta podría interpretarse como falsa, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de febrero que pone en duda las actuales mayorías del Consejo.

En este sentido, Marcos Brito dijo que confía en que el Parlamento nombre "por fin" a sus sustitutos, cuestión que, por el momento, parece inviable. ¿La razón? A nadie parece interesarle. O, por lo menos, esa es la sensación que se traslada.

Coalición Canaria (CC) suscribió ayer las declaraciones que hizo su diputado José Luis Perestelo tras conocerse la renuncia de Bermúdez: es una irresponsabilidad por parte de Brito abandonar un puesto para el que fue nombrado sin que se haya renovado el órgano.

La situación no es responsabilidad de Guillermo García, director general del ente, sino de la Cámara regional, que en los últimos años ha sido incapaz de renovar el Consejo de Administración, había añadido Perestelo.

Mientras, fuentes socialistas consultadas ayer sugirieron la posibilidad de que la nueva mayoría en el Consejo de Administración de PP y NC (tres consejeros frente a uno de CC) pueda convocar una reunión extraordinaria y urgente con un único punto en el orden del día, el cese de García, tal y como establece el artículo 15.2 de la Ley de Creación de la Radiodifusión y Televisión de Canarias. Claro que sería una convocatoria sujeta a las dudas que introduce la mencionada sentencia del TSJC.

O que, también la oposición (principalmente el PP), solicite la renovación de las vacantes que quedan en el Consejo. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantizarían los 2/3 necesarios (40 diputados) para proceder a los cambios. Es decir, que para cualquier modificación se hace necesario el apoyo popular.

"Jamás nadie se ha dirigido al Parlamento pidiendo que se cubran las vacantes", subrayaron las fuentes del PSOE, que, no obstante, no aclararon si, llegado el caso, apoyarían esta propuesta.

¿Y qué dice el PP? Las fuentes populares insistieron ayer en que para cualquier negociación es preciso que se destituya a Guillermo García, imposición que los grupos que apoyan al Gobierno consideran "poco inteligente" para llegar a un consenso.

Y es que, sin profundizar en cuál va a ser la estrategia, los populares dan a entender que van a aprovechar el vacío legal en el que ha quedado el Consejo de Administración de RTVC para seguir atacando a Guillermo García, y, sobre todo, al jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.

¿Qué pasaría entonces con los acuerdos que debe tomar el Consejo de RTVC? A efectos prácticos, muy poco, pues la ley atribuye tales facultades al director general, que podría seguir operando casi con la misma libertad que hasta ahora (artículos 16 al 20).